Ahora se supone que la nueva fiscal general, Pam Bondi, debe «emitir una carta a cada proveedor indicando que no ha habido ninguna violación del estatuto y que no hay responsabilidad por ninguna conducta que haya ocurrido» desde el 19 de enero, cuando la ley contra TikTok entró en funcionamiento en el país, hasta el momento actual. A pesar del lanzamiento de la orden, Apple y Google siguen sin permitir la descarga de la aplicación en sus tiendas, y no está claro que vayan a restablecerla hasta que la herramienta china alcance un acuerdo definitivo con Washington.
Como ha informado ABC, los juristas tienen dudas sobre la validez de esta orden ejecutiva. La ley de bloqueo aprobada por Biden el pasado mes de abril establece que el plazo para hacer cumplir la norma solo puede ser ampliada por el presidente en caso de que TikTok estuviera ultimando la venta del servicio con un potencial comprador, algo que, por el momento, no ha ocurrido.
A pesar del movimiento de Trump, el Gobierno de Estados Unidos tendría hasta cinco años para acudir a los tribunales y reclamar a las empresas que incumplan la ley los pagos correspondientes. Atendiendo a que la ley salió adelante con un amplio apoyo de demócratas y republicanos, no sería raro que la orden del nuevo inquilino de la Casa Blanca se enfrentase próximamente a alguna impugnación legal.
Tanto el pasado domingo, cuando anunció su intención de lanzar la orden ejecutiva, como este lunes Trump afirmó que le gustaría que el Gobierno de Estados Unidos tuviese el 50% de la propiedad de la aplicación. De este modo, según considera el dirigente, los temores relacionados a que la plataforma fuese explotada por China para hacerse con datos de los usuarios y lanzar campañas de desinformación desaparecería, ya que Washington actuaría como garante de la seguridad. Por el momento, TikTok no ha hecho comentarios sobre este hipotético desenlace.
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