Mónica García amenaza a Ayuso por el aborto: «Utilizaremos todas las herramientas para que la ley se cumpla»

El informe clasifica a las comunidades autónomas en cuatro grupos: las que practican más del 75 por ciento de abortos en los centros públicos (Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra); las que rozan el 60 por ciento, como Cataluña o Baleares; las que pese a partir de cifras bajas las han aumentado en los próximos años, como Canarias y Castilla y León y las que están por debajo del 10 por ciento, que son todas las demás, incluidas Ceuta y Melilla, dependiente del Ministerio de Sanidad, en las que ningún aborto se lleva a cabo en centros públicos. Además, en estos últimos casos las mujeres son trasladadas hasta Andalucía para abortar.

Sin embargo, la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha centrado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en los datos de Andalucía y Madrid. Entre las dos, ha señalado, realizan casi la mitad de los abortos de todo el país, pero solo un 0,2% en el primer caso y un 0,5% en el segundo se llevan a cabo en centros públicos. «Vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas, legales y administrativas para que la ley se cumpla», ha lanzado.

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García ha lanzado este aviso refiriéndose a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que este lunes, tras la recepción de la misiva del presidente del Gobierno, aseguró que respondería a la misma «con tiempo» y criticó que el Ejecutivo buscara señalar a los profesionales objetores, opinión que comparten los colegios profesionales de Madrid y Baleares, dos de las regiones señaladas por Sánchez. «Está privando a las mujeres madrileñas de su derecho a garantizar las interrupciones voluntarias del embarazo, como dice la ley, preferentemente en la sanidad pública», ha insistido la ministra de Sanidad, que ha repetido que el Gobierno «garantizará el cumplimiento de la ley» con «todas las herramientas» que tiene en su mano.

El informe aprobado este martes por el Gobierno constata que de los 106.172 abortos que se realizaron en España en 2024 -la cifra más alta desde que hay registros-, 83.609, el 78,75%, tuvieron lugar en centros privados. Aun así se ha dado un incremento de las intervenciones que se practican en la sanidad pública en los últimos años, pues en 2019 este porcentaje representaba el 14,3 por ciento, frente al 21,25 por ciento del año pasado. La mayoría de las intervenciones del año pasado se produjeron durante las 8 primeras semanas, pero únicamente tuvieron mayor presencia en los centros públicos aquellas que se produjeron a partir de la semana 23 que, según el documento presentado, son casos que generalmente se asocian a condiciones severas del feto y requieren de un estudio por parte de un tribunal médico.

Mónica García ha hecho hincapié en las «grandes desigualdades» entre territorios. Se ha referido además a la «paradoja» entre la información y la práctica, ya que la mayoría de las mujeres piden información sobre el aborto en centros públicos, pero luego se someten al proceso en privados.

El informe reseña medidas para aumentar el porcentaje de abortos que se llevan a cabo en centros sanitarios públicos. Así, aboga por la implementación y actualización de los registros de objetores en los servicios de salud. Actualmente, según la carta que envió el lunes el presidente del Gobierno, todas las comunidades lo tienen salvo Madrid, Aragón, Baleares y Asturias. Igualmente, destaca que en las comunidades autónomas en las que el porcentaje de intervenciones en el sistema público es más alto predomina el uso del método farmacológico frente al quirúrgico.