Los médicos de Madrid y Baleares: «Nos preocupa que el registro de objetores al aborto se use para discriminar»

El Colegio de Médicos de Madrid defiende que la intención del Gobierno de exigir que se practiquen abortos en los centros públicos de todas las comunidades es «incompatible» con lo que ocurre en la comunidad autónoma, pues la mayoría de los ginecólogos que trabajan en los hospitales públicos de la región son objetores al aborto, señala el presidente de la organización, Manuel Martínez-Sellés. Además de en la Constitución, recuerda este médico, el derecho a la objeción de conciencia está reconocido también en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El presidente de los médicos madrileños asegura que hay preocupación entre los profesionales por el propósito de este registro. «¿Qué sentido tiene que te tengas que apuntar a estas listas, que se han llamado listas negras?», reflexiona Martínez-Sellés, que ve «un único uso posible». «Discriminar a los profesionales que se inscriban en ellas. Es una limitación clara al derecho a la objeción de conciencia», denuncia. Recuerda además que quien tiene acceso a las mismas son las consejerías de las comunidades autónomas, por lo que cree que pueden ser utilizadas, por ejemplo, a la hora de contratar o no a profesionales, así como para proponer ascensos. «Nadie puede asegurar que no vaya a haber consecuencias», apunta.

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En Baleares, explica por su parte Carles Recasens, presidente del colegio de médicos de la autonomía, los profesionales no tienen constancia de ninguna queja por parte de ninguna mujer que haya tenido problemas para someterse a un aborto. «Sabemos que hay un circuito establecido que funciona y a día de hoy no tenemos constancia de que sea un problema para las mujeres de Baleares», sostiene.

La inquietud del colectivo, prosigue Recasens, es que el médico que se declare objetor pueda ser discriminado. «Nos preocupa cómo se van a tratar los datos de ese registro y que el deseo del médico se cumpla de forma escrupulosa», afirma el presidente de los médicos baleares, que insiste en que temen que pueda ser un criterio excluyente o determinante a la hora de contratar a profesionales o de promocionarlos. «Asumimos que la administración tiene que ser tremendamente cautelosa con esta información», incide. Y avisa de la «sensibilidad» que supone la decisión de un médico que se declara objetor y que en determinados casos puede dejar de serlo.

El presidente del Gobierno elevó este lunes la amenaza al avisar a Madrid, Baleares, Aragón y Asturias que si en el plazo de tres meses no cuentan con un registro de objetores al aborto «se activarán los mecanismos legales oportunos». Ya hace unos meses el Ministerio de Sanidad había enviado una carta a todas las autonomías exigiéndoles que garantizaran la práctica de abortos en los centros públicos y advirtiéndoles de que, si no lo hacían, sopesarían emprender acciones legales. La creación de estos registros se introdujeron en la reforma de la ley del aborto de 2023, impulsada por Irene Montero.

El año pasado, el Consejo Interterritorial de Salud aprobó los criterios en los que se debían basar los registros. Se estableció así que solo podrían declararse objetores aquellos que participen directamente en el proceso, es decir, los profesionales de ginecología y obstetricia, de anestesiología y reanimación, los médicos de familia, las enfermeras y las matronas. El documento promovido por el Ministerio de Sanidad especificaba que no se se admitiría otro tipo de personal sanitario como objetor.