El Gobierno eleva la amenaza y Sánchez da tres meses a Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para crear el registro de objetores al aborto

Este registro es un listado con el que deben contar todas las comunidades autónomas y en el que se recojan los nombres y apellidos de todos los profesionales que, aunque por su especialidad deberían participar en los abortos, no lo quieren hacer por objeción de conciencia. La reforma de la ley del aborto de 2023, impulsada por Irene Montero, establecía esta obligatoriedad, cuyos criterios se definieron a finales de 2024 en el Consejo Interterritorial de Salud.

Fuentes del Gobierno han informado de que en la carta el presidente exige a las citadas autonomías que adopten «con la mayor celeridad posible» las medidas necesarias para la creación de ese registro. Si en tres meses no están estos listados, ha escrito Pedro Sánchez, «se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento».

«La falta de este registro limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley. El respeto a la objeción de conciencia de los profesionales nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres», señalan las mismas fuentes. que aseguran que se trata de «un paso más» para «garantizar que todas las mujeres, vivan donde vivan, puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y asegurar que este derecho se ejerza en la sanidad pública y con todas las garantías de seguridad, autonomía y libertad».

Ya la semana pasada, la ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró que su departamento ultimaba un informe para constatar qué comunidades autónomas no facilitan la práctica de abortos en la sanidad pública. En paralelo, también trabajaba en otro para ver en qué regiones todavía no se había regulado ese registro de objetores. Tal como publicó ABC, se da la paradoja de que en Ceuta y Melilla, los únicos territorios cuyo sistema sanitario depende del ministerio, los centros públicos derivan todas las intervenciones a centros privados en Andalucía.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado tras la recepción de la carta que se tomará «con tiempo» la respuesta para que sea «certera», pero ha criticado que «se señale» a los profesionales. Ha insistido además en que no se debe «estigmatizar» a nadie: «No parece propio de una democracia liberal, del mismo modo que no se persiga a nadie por abortar o por no hacerlo».

Para el presidente de Aragón, Jorge Azcón, la carta responde a una cortina de humo para tapar otros asuntos. Aunque ha asegurado que la comunidad autónoma cumplirá «sin problemas» con la ley, a su juicio, Sánchez «quiere poner el aborto en el centro del debate porque no quiere que hablemos de los sobres, de que hay indicios más que evidentes, casi concluyentes, de que el PSOE se está financiando de forma ilegal». «Poner ahora el debate del aborto en el centro no cuela», ha lanzado Azcón, que ha hecho mención a «los problemas» del presidente del Gobierno, de su mujer o de su hermano.

Asturias, por su parte, ha asegurado que ya trabaja en la elaboración del registro y que lo aprobará a través de un decreto «a la mayor brevedad», según ha explicado el portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, este lunes. También la consejera de Salud de Baleares, Manuela García, ha afirmado que su departamento trabaja en el decreto para la creación del registro de objetores, que se encuentra «en vías de desarrollo» y todavía debe pasar por una serie de trámites formales y conseguir el visto bueno de los informes pertinentes.

El texto que regula cómo deben ser estos registros, aprobado el año pasado por el Consejo Interterritorial de Salud, establece que solo podrán declararse objetores aquellos que participen directamente en el aborto, tanto en la intervención como en los actos necesarios anteriores o simultáneos a la misma, es decir, los profesionales de ginecología y obstetricia, de anestesiología y reanimación, los médicos de familia, las enfermeras y las matronas. También establece que es el profesional quien realiza la solicitud para figurar en el listado, pero puede modificar o revocar su declaración de objeción de conciencia en cualquier momento. Esta, además, puede ser total o parcial.

El texto que regula cómo deben ser estos registros, aprobado el año pasado por el Consejo Interterritorial de Salud, establece que solo podrán declararse objetores aquellos que participen directamente en el aborto, tanto en la intervención como en los actos necesarios anteriores o simultáneos a la misma, es decir, los profesionales de ginecología y obstetricia, de anestesiología y reanimación, los médicos de familia, las enfermeras y las matronas. También establece que es el profesional quien realiza la solicitud para figurar en el listado, pero puede modificar o revocar su declaración de objeción de conciencia en cualquier momento. Esta, además, puede ser total o parcial.