La fiscalía europea abre una investigación por las irregularidades en la compra de vacunas contra el coronavirus

No es habitual que la Fiscalía europea anuncie públicamente sus investigaciones, pero en este caso «excepcional» afirma haberlo hecho «teniendo en cuenta el extremadamente alto interés público» y en todo caso advierte que «no se harán públicos más detalles en esta etapa«.

Partes de los contratos que firmó la Comisión con la farmacéutica Pfizer fueron declarados secretos, según la Comisión debido a las exigencias de los laboratorios, que no querían revelar el precio que impusieron a su preparado. La Comisión gestionó con gran éxito las compras conjuntas de vacunas para todos los países miembros, lo que consiguió una inmunización generalizada de la población en un periodo relativamente rápido. Sin embargo, el coste podría haber llegado a los 35.000 millones de euros.

Varios eurodiputados y medios de comunicación han pedido reiteradamente a la Comisión que haga públicos los contratos y sobre todo los intercambios de mensajes SMS entre Von der Leyen y Bourla. En enero de este año, el defensor del pueblo europeo reprochó a la Comisión la mala administración por negarse a buscar esos mensajes a pesar de las reglas de transparencia. Aunque ni siquiera llegó a confirmar la existencia de los SMS, la Comisión dijo entonces que según sus reglas de trabajo «no se conservan documentos efímeros, de corta duración».

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Pero el mes pasado, el Tribunal de Cuentas Europeo publicó un informe en el que se afirma que la Comisión se negaba a revelar detalles sobre el papel personal de Von der Leyen en las conversaciones sobre el contrato con Pfizer. El Tribunal había encontrado evidencias de que la presidenta había ignorado las reglas utilizadas en negociaciones anteriores, en las que este trabajo lo llevan a cabo equipos de funcionarios especializados y técnicos de la Comisión, para implicarse personalmente en los intercambios de mensajes preliminares con el laboratorio. También, cuando el Tribunal de Cuentas lo solicitó, la Comisión se ha negado a proporcionar cualquier documento sobre estas gestiones.