Delito de pornografía infantil y posible chantaje: las penas que enfrentan los autores de las imágenes de menores desnudas creadas con IA

«Suplanta identidades y atenta, mediante la manipulación fotográfica, la intimidad y el honor»: Así se refirió al hablar sobre inteligencia artificial el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero.

Precisamente, advirtió de la amenaza que ésta supone. Según la memoria de la Fiscalía de 2022, el número total de delitos sexuales que se denunciaron en Extremadura fue de 430: esto supone un 31,90% más respecto a 2021 y un 66% en el caso de víctimas menores.

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Varios de los infractores en el caso de Almendralejo tienen menos de 14 años, por lo que a efectos penales son inimputables.

«El delito al que se podrían enfrentar por contenido y por ser menores es pornografía infantil. El Código Penal, en su artículo 189, castiga la producción, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil en el que participen menores o personas necesitadas de especial protección». Habla Silvina Capello, abogada penalista y profesora en la International law School. «El delito contra la intimidad ya estaría integrado en el de pornografía. También el que atenta contra la dignidad del menor», apunta la experta.

En este caso, al ser menores de edad, los autores del delito que tienen más de 14 años tienen reguladas las penas por la Ley del Menor. «Dependerá del juez que vea el caso, pero en general, como máximo, lo que les puede caer es un internamiento en centro de menores en el tiempo que se estime», expresa Capello.

Sí que cabe en todos los casos –también en el de menores de 14– responsabilidad civil, que conllevaría reparación de daños o multas económicas, de las que se harían cargo los padres o tutores legales.

De confirmarse que se habría intentado chantajear a alguna menor con estas imágenes, se tendrían que enfrentar a un delito de extorsión o chantaje. Las penas quedarían en «nada» o en civiles, apunta Capello.

En el caso de que este mismo delito lo hubiesen cometido personas adultas, es decir, mayores de 18 años, el Código Penal sí regula para ello penas de prisión.

En el caso de la producción o difusión de pornografía infantil, está castigado con uno a cinco años de cárcel. Además, cuando las víctimas son menores de 16 años, existe un agravante: «Elevaría la pena de cinco a nueve años», apunta la experta consultada por ABC.

En el caso de los delitos de extorsión o chantaje también sería de uno a cinco años la pena de prisión. «Las penas van en concurso», expresa Capello. Según argumenta, si se trata de un concurso real, «por dos delitos separados», las penas podrían ascender hasta los 10 años, al sumar las máximas de ambos delitos.

Si no se ha dado consentimiento para ser grabado o creada la imagen a través de inteligencia artificial, explica la abogada penalista, habría delito de injurias o atentado a la intimidad.

Asimismo, si se llega a difundir, habría penas de revelación de secretos. «En este caso, ascienden a uno a cuatro años de prisión, a los que hay que sumar multas de 12 a 24 meses», dice Campello.

Al encontrarse en una situación como esta, en la que se han difundido las imágenes por chats y se tiene la duda de si se han llegado a colgar en alguna página web, una de las opciones que tienen las víctimas es la de acudir a la Agencia Española de Protección de Datos. «Pueden solicitar que se retiren esos datos personales que se han publicado», explica Silvina Capello.

No obstante, a pesar de que se quitasen, lamenta la especialista, por lo general «siempre va a quedar una huella en internet».

En la actualidad, «lamentablemente» la principal solución pasa por la educación. «Es lo único, de momento», añade Capello. De hecho, varios expertos han incidido en la necesidad de formar a los jóvenes ante esta nueva realidad para que conozcan sus riesgos.

«La sociedad tiene que ser consciente de que estamos dejándoles a los niños un móvil en las manos sin el menor control, les estamos dando unas herramientas absolutamente peligrosas y condicionando su evolución y su propio desarrollo como personas», ha puntualizado la vicedecana del Colegio de Abogados de Madrid, Isabel Winkels, en declaraciones citadas por Europa Press.

Sin embargo, actualmente, recuerda Capello, a nivel europeo sí que hay una ley que regula el uso de la IA. Concretamente, el proyecto fue aprobado por el Parlamento Europeo el pasado mes de junio. Aunque tendrá que ser debatido por el resto de países miembros, se espera que reciba luz verde antes de que acabe el año.

La Ley de Inteligencia Artificial de Europa es la primera de este tipo en el mundo. En su web, el Parlamento Europeo expresó que el deseo de regular esta IA forma parte de la «estrategia digital» de la Unión, cuyo objetivo es el de «garantizar mejores condiciones de desarrollo y uso de esta tecnología innovadora».

Con esta norma, cuanto mayor sea el peligro que suponga un sistema para los derechos o la salud de las personas, a más obligaciones estará sujeto. En algunos casos incluso podrá llegar a estar prohibido.