Los obispos exigen a Cremades la versión completa de la auditoría y no un simple «resumen ejecutivo»

Desde hace meses, los obispos han mostrado en privado «su malestar» ante los constantes retrasos del equipo de Cremades que, según el contrato, tendría que haber entregado la auditoría en febrero. Las quejas en privado se hicieron públicas cuando, en la rueda de prensa posterior a la Permanente, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, César García Magán, dejaba claro que «a los obispos no nos gusta el retraso y desde el despacho [de Cremades] nos han confirmado que no se debe a nosotros», sin precisar entonces las razones de la demora. «Por respeto a la imparcialidad, no hemos interferido y estamos esperando a que se nos entregue», añadía.

La paciencia se acabó este miércoles, cuando la Conferencia Episcopal no sólo enviaba la carta a Cremades, sino que filtraba su contenido a través del portal de información religiosa de su cadena de radio, Cope. Posteriormente, fuentes de la Conferencia confirmaban a ABC tanto la existencia del documento como los plazos. Extremo también confirmado desde el despacho de Cremades, que explicó que se encontraba a espera de los datos del Dicasterio de Doctrina de la Fe sobre los 300 casos españoles allí investigados, para contrastar si coinciden con la lista de que disponen. Unos datos, que no es habitual que la Santa Sede proporcione a las investigaciones sobre abusos. Además, desde el bufete añadían que «en los próximos días entregarán un resumen ejecutivo».

Y ahí es donde se encuentra otra discrepancia entre las partes. Desde el despacho de Cremades, coordinado por quien fuera presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, el abogado Alfredo Dagnino, han preparado un amplio informe de unos 2.000 folios que responde no sólo a la cuantificación de casos, sino que aporta un estudio de la cuestión y las medidas adoptadas por la Iglesia, así como recomendaciones para la reparación de las víctimas. Sin embargo, a su reunión con la Permanente, Cremades llevó un borrador de ese resumen ejecutivo, que dice que presentará en breve, y pidió más tiempo para la elaboración del informe completo. Ahora, los obispos le reclaman, en los próximos diez días, la presentación del texto íntegro.

Aunque no han trascendido los motivos del desencuentro, este diario ha podido saber que algunos miembros del equipo que Cremades ha creado para el estudio -entre los que se encuentran Juan Luis Cebrián, exdirector de 'El País' y la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena- consideran el informe «demasiado complaciente con la Iglesia», por lo que piden una revisión de los números y de parte de la documentación.

En todo caso, el procedimiento de recopilación de datos utilizado hasta el momento propicia que sus cifras se parezcan a las que ya ha hecho públicas la propia Conferencia Episcopal. En este tiempo, la recopilación de datos se ha realizado a través de un formulario enviado a las diócesis y congregaciones religiosas, contrastado después en una entrevista personal, en muchos casos realizada a través de videoconferencia.

Tampoco ha habido una investigación en los archivos eclesiales, porque los obispos, a pesar de que dijeron que los abrirían, han sostenido que entregarían la documentación que se les solicitara, pero no han dejado un libre acceso a ellos. Si se une que las denuncias directas al despacho de Cremades, a través de su buzón de víctimas, han sido muchas menos de las esperadas, el resultado del informe final se acerca mucho a los datos presentados por los obispos en su informe 'Para dar luz', que en su versión más actualizada de mayo de 2023, reconoce 728 abusadores desde 1950 y, al menos, 927 víctimas.

De ahí que, desde el despacho de Cremades se haya recriminado a algunos obispos que los datos que facilitaban de sus diócesis eran inferiores a los que el diario 'El País' tiene publicados en su web. Los obispos siempre han criticado que ese diario recoge las denuncias que le han llegado anónimamente y que, sólo en una parte, los datos facilitados permiten «localizar a la víctima o el victimario» e iniciar de esta forma el oportuno «proceso pastoral o judicial».

Ante eso, algunos miembros del equipo de Cremades son partidarios de realizar una proyección global, a partir de los datos conocidos, como se hizo en la investigación francesa, una cuestión a la que los prelados españoles se han opuesto frontalmente. Hace unos meses, desde el despacho de Cremades filtraban a varios medios que la investigación podría arrojar miles de víctimas, incluso alguno deslizaba la cifra de 4.000 sin especificar de dónde se obtenía ese dato.

Investigaciones como la francesa, alemana y estadounidense han barajado un porcentaje de un 2% de posibles sacerdotes pederastas y de ahí han extraído sus proyecciones. Desde la Conferencia Episcopal siempre han defendido que en el caso español la cifra era mucho más baja. En el citado informe 'Para dar luz' señalan que entre 1940 y 2021 se estima que hubo 205.000 sacerdotes y religiosos en España. El 2% de esta cifra es 4.100.

Otro motivo de fricción entre los obispos y Cremades viene por el coste total de la auditoría. Aunque el contrato especifica que el trabajo se realiza 'pro bono', sí que se señala que se facturarán los gastos que se generen por razones de «desplazamientos o contratación de profesionales» externos. La sorpresa de los obispos, es que el montante, hasta el momento, asciende a más de 1,2 millones de euros, de que ya han adelantado una parte. Públicamente se han negado a confirmar la cifra, hasta que no finalice la auditoría.

En estos veinte meses, los trabajos de Cremades han corrido parejos con los de la comisión creada por el Defensor del Pueblo, para el mismo fin. Al contrario del informe de Cremades, más centrado en la parte jurídica, desde la oficina de Ángel Gabilondo han priorizado la atención a las víctimas. Aunque su trabajo también sufrió retrasos, fuentes de la oficina del Defensor del Pueblo confirmaron a ABC que tienen previsto que se presente este otoño. De esta forma, ambos informes se harán públicos en fechas cercanas, lo que propiciará la comparativa entre los resultados y el riesgo de que el segundo deje desfasado o en evidencia al primero.