El Congreso da el primer paso para prohibir que las universidades paguen a empresas para que sus alumnos hagan prácticas

La norma establece que, las prácticas académicas externas del estudiantado universitario, cuando sean curriculares, no impliquen, en el momento de acordarse, una transacción económica (bajo forma de precio o de donación) entre el centro de origen y el de destino. La finalidad de esta medida es evitar que la mayor capacidad económica de determinadas instituciones de educación superior «pueda condicionar el adecuado ejercicio de esta obligación curricular por parte del estudiantado universitario».

Además, busca salvaguardar el acceso igualitario de todo el estudiantado universitario al universo de posibilidades que constituyen las prácticas académicas externas. En el ámbito de la Formación Profesional existe un precedente similar, ya que la norma actual establece que «no se podrá vincular el periodo de formación en empresa u organismo equiparado a contraprestación o donación por parte del centro de formación profesional, ni directamente ni a través de fundaciones u organizaciones vinculadas con ellos, cuando la citada estancia de formación en empresa u organismo equiparado forme parte del currículo de la oferta formativa»

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Además, el decreto obligará a obtener recursos en convocatorias y contratos de investigación equivalentes al 2% del presupuesto anual de la universidad

La proposición de ley del PSOE pretende extender esta medida también al ámbito de la educación universitaria, de forma que las universidades, centros y estructuras autorizadas para impartir enseñanzas universitarias, sean de titularidad pública o privada, puedan establecer los acuerdos que estimen oportunos con las empresas, instituciones, entidades u organismos, públicos o privados, nacionales o extranjeros, que aseguren el acceso efectivo de todo el estudiantado universitario a la realización de las prácticas académicas externas en dichas empresas, instituciones, entidades u organismos.

Todo ello, recoge la proposición, sin que dicho período pueda vincularse a contraprestación o donación por parte de la universidad, centro o estructura, ni directamente ni a través de fundaciones u organizaciones vinculadas con ellos, cuando dichas prácticas académicas externas sean curriculares, es decir, cuando constituyan actividades académicas integrantes del Plan de Estudios de que se trate (y por tanto, supongan una obligación en el itinerario formativo del estudiantado universitario).

Dado el carácter formativo de las prácticas académicas externas, la iniciativa socialista fija que «de su realización no se derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo».