Conflictos laborales y peor servicio: la joya sanitaria de la política vasca pierde brillo

Así lo confirman también a ABC los médicos y enfermeras consultados para este reportaje. El doctor Adolfo López de Munain, jefe de neurología del Hospital Donostia, define la situación como un traje que se hizo «con estándares de calidad altos», pero que ya «no sienta bien». Porque el conglomerado sanitario ha engordado y crecido en las últimas cuatro décadas, hasta estallar por varios flancos y derivar en movilizaciones de sanitarios y cruces de acusaciones inéditos hasta la fecha.

El primer foco de conflicto surgió a principios de año en el Hospital de Basurto, en Bilbao. La Consejería de Sanidad presentó un plan para trasladar la Unidad de Cirugía Cardiaca del centro al Hospital de Cruces. A pesar de que la consejera de Salud vasca, Gotzone Sagardui, ha reiterado que la decisión responde a «cuestiones técnicas», los trabajadores del hospital lo interpretaron como una maniobra para reducir su capacidad asistencial. «Hay cirugías, más allá de las propias cardiacas, que no se pueden hacer si no hay cirujano cardiaco por los riesgos que conllevan», advierte Cristina Calleja, enfermera de ese hospital. El traslado, que debía haberse ejecutado el 17 de noviembre, se encuentra paralizado por orden de una juez.

Pocos días después del revés judicial, surgía una segunda revuelta, esta vez en San Sebastián. El detonante fue el cese fulminante de la gerente del Hospital Donostia y de su directora médica. Ana Alonso, enfermera de ese centro, describe lo ocurrido como algo «totalmente inédito». En cuestión de horas la crisis derivó en un plante sin precedentes de los jefes médicos y concentraciones diarias en la entrada.

Para el doctor López de Munain, que ha estado ejerciendo de portavoz de las movilizaciones, los ceses no son más que la punta del iceberg de una forma de gestión en la que se toman decisiones «sin contar con los profesionales». Pone como ejemplo el caso de Onkologikoa de San Sebastián, una unidad especializada en el tratamiento del cáncer que hasta ahora dependía de la Fundación Kutxa. En teoría debería integrarse en el sistema público en enero de 2023, pero los sanitarios aún no tiene información «clara» acerca de en qué condiciones se hará. En el ambiente de ese hospital también existen recelos por la sospecha de que la consejería podría estar pensando trasladar más unidades de referencia al Hospital de Cruces, como por ejemplo la del tratamiento del cáncer peritoneal. «Entendemos que no todos los hospitales pueden tener todos los servicios», reconoce López de Munain, pero cree que deberían explicarse mejor los criterios que se siguen para reorganizar el sistema.

Y es que, cada vez que le preguntan por la polémica, la consejera Sagardui se enroca en una «concatenación de hechos» que aún no ha acertado a explicar. Son varios los sanitarios que ponen como ejemplo estas declaraciones para describir la gestión de Sagardui como «dictatorial e impositiva». «Antes se podían llegar a acuerdos pero en este momento no hay ningún tipo de negociación», critica Cristina Calleja. También son numerosos los colectivos que temen que en realidad, detrás de esas reorganizaciones pueda haber «intereses económicos». Calleja pronostica que el Hospital de Cruces no «dará abasto» si asume pacientes de Basurto y San Sebastián y terminará «derivando a la privada».

Rafael Bengoa explica que en ocasiones «la complejidad de la medicina» puede requerir la concentración de algunos servicios, pero considera que todas esas decisiones deberían tomarse sobre la «base de la calidad». El problema en la sanidad vasca es que el conflicto también está terminando por afectar la atención sanitaria que reciben los ciudadanos. Según los datos facilitados en una respuesta parlamentaria de la consejera, en la actualidad hay 53.576 personas en lista de espera para realizar pruebas diagnósticas, prácticamente el doble de las 27.746 que había en 2019.

Además, estas navidades los vascos han visto cómo se está recortando el horario de atención de los centros de salud. La Consejería se escuda en la escasez de profesionales y la necesidad de dar vacaciones a los trabajadores, pero entre los sanitarios no faltan las voces que acusan al equipo de Sagardui de «falta de previsión». López de Munain calcula que a corto plazo habrá que renovar entre el 30% y el 35% de médicos, y lamenta que no se haya hecho nada para asegurar el relevo generacional.

El sistema también está resultando incapaz de retener al talento que se forma en el País Vasco. «Muchas matronas se van a Irlanda porque allí esa figura está mejor valorada», explica María Alonso. Y es que los sanitarios que finalmente optan por quedarse se ven atrapados en un sistema que acumula una temporalidad del 30%. «Aún no se ha resuelto la OPE (Oferta Pública de Empleo) del año 2018», critica Alonso.

Se trata de una situación insostenible para atender a una población cada vez más envejecida. Para las fuentes consultadas no se trata sólo de incrementar la inversión en sanidad, el País Vasco es, de hecho, la comunidad autónoma que más dinero destina por habitante a su sistema sanitario, sino de realizar una mejor gestión de los recursos. «Osakidetza ha sufrido el mayor trauma de su historia», describe Bengoa, que cree que para seguir teniendo un sistema de salud digno será necesaria una «transformación hacia otro modelo asistencial más proactivo y preventivo», desligado de intereses políticos.