Chile inicia la tramitación para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas

Durante la presentación del proyecto, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a dialogar y buscar consensos con todos los sectores, a pesar del rechazo ya anunciado por la oposición. Según datos oficiales, en Chile se calcula que se practican entre 40.000 y 170.000 abortos clandestinos al año, muchos de ellos mediante el uso de fármacos como el misoprostol, cuya comercialización ha pasado al mercado negro.

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La propuesta llega justo antes de que el presidente Gabriel Boric pronuncie su última rendición de cuentas ante el país, una ocasión en la que se esperaba que explicara por qué no había cumplido su compromiso del año anterior. La despenalización del aborto fue anunciada por Boric el 1 de junio de 2024, como una medida para recuperar el respaldo de su electorado, que actualmente no supera el 23% del apoyo ciudadano.

La ministra Orellana reconoció que es poco probable que el proyecto se apruebe durante el actual mandato. «Queremos un debate razonado en el que todas las posturas tengan cabida. Sería ingenuo pensar que esto podrá concretarse en nueve meses, pero creemos que vale la pena iniciar la discusión. Nuestro Gobierno ha mantenido siempre el diálogo con las organizaciones de mujeres, tanto en la elaboración del reglamento como en la redacción de este proyecto de ley. Sabemos que son procesos largos», explicó.

El presidente de la Cámara de Diputados, el opositor José Miguel Castro, adelantó el lunes que no incluirá el proyecto en el orden del día. Ante este bloqueo, el Ejecutivo recurrirá al mecanismo de urgencias parlamentarias para acelerar su tramitación.

El proyecto fue presentado este miércoles en el Palacio de La Moneda por la ministra Orellana, junto a sus homólogos de Interior, Álvaro Elizalde; Justicia, Jaime Gajardo, y Sanidad, Ximena Aguilera. Esta última subrayó que uno de los objetivos es reducir las más de 20.000 hospitalizaciones anuales de mujeres que acuden a los servicios sanitarios en situación de riesgo tras someterse a abortos clandestinos.

En Chile, el aborto terapéutico fue legal hasta 1989, cuando el régimen de Augusto Pinochet lo prohibió por decreto. No fue hasta 2017, tras más de dos décadas de debate, cuando el Congreso aprobó la actual ley de las tres causales.

Aunque Boric había prometido iniciar la tramitación en septiembre de 2024, el Gobierno esperó a que la Contraloría ratificara las modificaciones al reglamento y al código sanitario necesarias para aplicar la ley. Esto ocurrió la semana pasada, y en el nuevo texto se detalla cómo deben actuar los servicios regionales de salud en caso de que un profesional alegue objeción de conciencia.

Orellana aclaró que el nuevo proyecto no modificará ni los requisitos de consentimiento informado ni las disposiciones sobre objeción de conciencia, que solo pueden presentar los médicos (quedando fuera enfermeros y técnicos) y también las instituciones privadas de ideario confesional. El Tribunal Constitucional validó esta objeción institucional para centros que no reciben financiación pública directa, estableciendo la obligación de derivar a la paciente a otro centro donde se pueda realizar el procedimiento.

Según cifras del Ministerio de Sanidad, en Chile se practican menos de 900 abortos al año bajo los tres supuestos legales. En 2018 se registraron 617 casos y en 2024 fueron 856.

Las encuestas indican que un 30% de los chilenos apoya la despenalización total del aborto, mientras que un 50% solo respalda su legalidad en los tres supuestos actuales.

La ministra Orellana explicó que el proyecto busca seguir modelos como el español o el alemán, que permiten la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas. Añadió que hasta la semana 12 se podría realizar en centros de atención primaria, siempre que lo permita el diagnóstico médico, y que a partir de ese momento los casos se derivarían a centros hospitalarios de mayor complejidad. Según datos de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, estos centros no realizan más del 20% de los abortos en los países con leyes similares.

«Hemos establecido el límite de las 14 semanas basándonos en la experiencia de países como Alemania, España y Argentina, y también en las recomendaciones de organismos internacionales y guías clínicas», señaló.

En cuanto al coste para el Estado, la ministra explicó que la ley requerirá una inversión anual de unos 2.600 millones de pesos chilenos para financiar abortos farmacológicos en la atención primaria.

«Treinta y seis años después de que se ilegalizara el aborto terapéutico mediante un decreto de la dictadura, hoy abrimos este debate en el Congreso. Queremos decirles a todas las mujeres que han abortado —da igual su edad o el método que utilizaron, desde los más rudimentarios como agujas o tallos de apio hasta los actuales fármacos adquiridos en el mercado negro— que el Gobierno de Chile considera que no deben seguir siendo tratadas como criminales», concluyó Orellana.