Islas Baleares
El Ayuntamiento de Palma rectifica y permitirá residir en autocaravanas si no genera molestias
La nueva ordenanza cívica ya no prevé multas de hasta 1.500 euros por dormir en el interior de los vehículos rodantes pero sí prohíbe acampar
Palma quiere acabar con las viviendas caravana: «Me gustaría vivir en una casa de ladrillo pero ni con dos sueldos puedo alquilarla»
El Ayuntamiento de Palma da marcha atrás en la controvertida regulación de las autocaravanas y permitirá que se pueda pernoctar dentro de ellas siempre que no generen molestias en el exterior del vehículo. El consistorio del popular Jaime Martínez acepta así las reclamaciones de los caravanistas 'cívicos' que solicitaban poder seguir pernoctando dentro de sus casas rodantes, algo que sí permite la normativa actual de circulación.
La nueva ordenanza cívica que prepara el consistorio del PP -y que todavía no ha sido aprobada- no sancionará a quienes residan dentro de las autocaravanas. El borrador preveía inicialmente multas desde 750 euros a 1.500 por dormir dentro del vehículo y se consideraba una sanción grave, pero tras el periodo de alegaciones este punto se ha eliminado. La normativa sí prohibirá acampar.
Hace unos meses, el alcalde reivindicó que los vehículos no debían usarse como vivienda. «Una autocaravana, un coche, un autobús no son para vivir. Son para moverse, para transportarse». Sin embargo, este modus modus vivendi se ha extendido debido a la escalada de precios inasequibles en Palma, donde el precio cuadrado ronda los 5.000 euros y los alquileres medios se sitúan en 1.200 euros. En la capital balear han proliferado tres poblados de caravanistas en los últimos años.
Martínez ha recordado que la nueva ordenanza responde a la voluntad de combatir el incivismo y la inseguridad, y «hacer de Palma una ciudad segura, ordenada y respetuosa, como se merecen los ciudadanos». El alcalde ha señalado la «diferentes casuísticas» existentes en el uso de las autocaravanas. Por un lado, las personas en situación de vulnerabilidad y, por otro, quienes las usan como espacio temporal para vacaciones, o aquellos que viven por voluntad propia.
El consistorio palmesano ha identificado 156 vehículos distribuidos principalmente en varias zonas de la ciudad. Concretamente, en Es Carnatge y Ciudad Jardín se identificaron 24 vehículos, de los cuales la mayoría de las personas rechazaron realizar la entrevista con Servicios Sociales. Indicaron que se encuentran en la caravana de forma voluntaria o identificándose como turistas.
En el aparcamiento de las piscinas de Son Hugo se identificaron 60 vehículos con un total de 36 personas, incluidos 5 menores. La mayoría de las personas adultas se encuentran en edad laboral, y muchas de ellas han vivido en estas condiciones durante décadas. Además, algunas de estas caravanas están siendo alquiladas por un propietario a personas vulnerables, y muchas no tienen matrícula y carecen de vehículo de remolque. En Son Güells se identificaron 51 caravanas, con un total de 23 personas, incluidos 2 menores. Finalmente, en la zona de Son Dameto Dalt se identificaron 21 caravanas, aunque no se encontró a nadie en su interior.
200 vehículos estacionados
El Ayuntamiento destaca como dato relevante la presencia de hombres que viven solos, los cuales representan el 43% del total, frente al 21% de mujeres que viven solas. Los servicios sociales municipales han atendido o están atendiendo actualmente al 24% de las personas entrevistadas, proporcionando apoyo y orientación personalizada para cada caso.
Según los datos facilitados por las compañías navieras, un 45% de las caravanas y remolques de caravanas que entraron a Palma el año pasado no han vuelto a salir. «Esto supone un total de aproximadamente 200 vehículos que han quedado estacionados en la ciudad», advierte el Ayuntamiento de Palma.
El alcalde ha reivindicado su compromiso con las personas vulnerables y a la vez con el cumplimiento de la ordenanza para todas aquellas caravanas y autocaravanas que hagan un mal uso del espacio público. La ordenanza cívica entrará en vigor tras ser aprobada definitivamente por el Pleno y su posterior publicación en el BOIB.
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