Caravanistas cívicos acusan a los campistas «jetas»: «Vienen turistas y limpian los cacharros en la calle»

Cada autocaravana tiene una historia. Ocio, necesidad o modo de vida. Pero todas estas historias tienen los días contados porque el Ayuntamiento de Palma prohibirá residir dentro de estos vehículos-casa. La normativa prevé sanciones desde 750 euros a 1.500, unas cantidades que muchos de ellos no pueden asumir. «Si no podemos afrontar un alquiler de 1.000 euros, ¿cómo vamos a afrontar una multa de 1.500?», reflexionan.

El consistorio, PP y Vox, acaba de aprobar de forma inicial -se pueden presentar alegaciones- una ordenanza que prohíbe el uso de vehículos utilizados «a modo de vivienda con signos de permanencia» en todas las calles del municipio. Prohíbe, además, pernoctar en este tipo de automóviles. «Ya sólo servirán como un coche, para conducirlo, pero será imposible estar dentro», lamentan los afectados.

El consistorio basa esta medida en la necesidad de atajar los problemas de convivencia que han generado algunos asentamientos de autocaravanas. El alcalde, Jaime Martínez, quiere conseguir una ciudad «segura, cívica y sin ruidos». Según defiende, «las caravanas no son espacios para vivir».

La cruda realidad es que las dificultades para acceder a una vivienda en Palma, la cuarta capital de provincia más cara de España, están abocando cada vez a más personas a vivir sobre ruedas. Sólo en esta ciudad hay más de 400, según las asociaciones de usuarios de autocaravanas. Una cifra que el alcalde Martínez eleva a 5.000, diez veces más que las que había en 2016.

La capital balear no tiene lugares públicos habilitados para estacionar las autocaravanas. Eso hace que cada uno se busque la vida y acaben haciendo piña en tres asentamientos -Son Hugo, Son Güells y el Coll den Rabassa (en la zona de Ciudad Jardín)- viviendo sin instalaciones adecuadas, sin puntos de agua y con un único punto verde donde depositan las aguas sucias en el polígono de Son Castelló.

En Ciudad Jardín parece que hayan diseminado las calles de caravanas: dos aquí, una allá; no se aprecia masificación (al menos en invierno). Son las seis y media de la tarde de un viernes y la calle está tranquila. La casualidad de este reportaje fue quedar con varios caravanistas afectados en la calle Isla de Rodas (isla de ruedas en catalán). ¿Un preludio de lo que pasará?

Ciudad Jardín es un barrio residencial frente al mar donde las casas de veraneo de los años 70 se alternan con flamantes chalés de diseño, pequeños hoteles y apartamentos; y el contraste con las casas-autocaravanas es aún más extremo. «No somos criminales ni gente conflictiva», se presentan. Hay personas separadas, jubilados o con alguna minusvalía, trabajadores y temporeros con sueldo fijo que no pueden pagar un alquiler de 1.000 euros mensuales.

Reciben a ABC con carteles y lo primero que dejan claro es que se está confundiendo el campismo con el caravanismo. «Nosotros no estamos en contra de los asentamientos sino de la acampada. Es decir, podemos estar dentro de la autocaravana mientras lo que ocurre dentro no salga fuera. Mi mesa, mis sillas, mi toldo no los puedo sacar, eso se considera acampada y esto sabemos que está prohibido y estamos a favor de que se regule y se multe», aclara José Antonio de los Ríos, delegado de la plataforma nacional de autocaravanas PACA.

Alerta de que esta nueva ordenanza «discrimina» a los usuarios cívicos, y pide que se les permita pernoctar dentro de las autocaravanas y estacionarlas, ya que tienen «los mismos derechos que un vehículo convencional». «No tiene sentido que en un vehículo catalogado como un vehículo-vivienda que podamos estar en el interior cuando está todo regularizado», apostilla.

En la misma línea, Javier Fuster, presidente de la asociación Caravaning Oasis, que defiende tanto al autocaravanista de ocio como a la persona que vive dentro, incide en que la solución no es «echarlos a la calle» sino proveer de un espacio específico para que estas personas puedan vivir allí hasta que los servicios sociales, con grandes listas de espera, puedan ocuparse de ellos si son vulnerables.

«Lo que está haciendo el Ayuntamiento de Palma es «una política que barre para casa del vecino» y que no soluciona el problema», sostiene Fuster, que aventura que la ordenanza sólo conseguirá que los asentamientos se desplacen a otros pueblos.

Ambas asociaciones anuncian manifestaciones un jueves al mes «hasta que el alcalde entre en razón y rectifique». Jaime Martínez aseguró que está dispuesto a escuchar las aportaciones de los colectivos afectados «y buscará una solución a su situación».

La zona de Ciudad Jardín está tranquila, a diferencia de otro asentamientos como Son Hugo, donde algunas personas han creado «guetos» y generan problemas cogiendo luz 'pirata', haciendo ruidos y generando suciedad. «Son pocos pero hacen mucho daño y pagamos justos por pecadores», lamentan los caravanistas 'cívicos', que responsabilizan también a los turistas extranjeros «y jetas» de provocar molestias a los vecinos de Palma con sus caravanas.

«El turismo francés o italiano, por ejemplo, desconoce la normativa. Vienen y se ponen a hacerse las tostadas en la calle y lavar los cacharros en un banco porque en su país es normal», denuncia José Antonio, lo que hace «mucho daño» a la imagen de los usuarios cívicos porque «piensan que es nuestra culpa».

«No sólo los caravanistas», apunta Manuel. «Hay gente que está viviendo dentro de coches porque no tiene otra solución, y orinan en botellas y las tiran por las alcantarillas y sus heces las tienen que tirar dentro de una bolsa en contenedores, y huele horrible. ¿Pero qué haces con esta gente?», pregunta encogiéndose de hombros.

Ellos lo tienen claro: saben las normas y las cumplen. No están más de 10 días consecutivos en un mismo lugar. Echan en el punto limpio las aguas grises (de la cocina y baño) y las negras (del wc) en el punto limpio, puertas cerradas, motor apagado, nada de acampar ni de ocupar grandes espacios.

¿Y qué pasará si os multan? «Que muchos no podrán pagar. Si no podemos asumir un alquiler de 1.000 euros, ¿cómo vamos a abonar 1.500?», reflexionan echándose las manos a la cabeza. Javier lo ve diferente: «Si me multan y voy a la cárcel por no pagar, al menos tendré un techo», responde antes de meterse en su caravana con la esperanza de que le llamen del IBAVI para acceder a una vivienda social.