Palma quiere acabar con las viviendas caravana: «Me gustaría vivir en una casa de ladrillo pero ni con dos sueldos puedo alquilarla»
El Ayuntamiento balear da el primer paso para prohibir vivir en casas-coche y anuncia multas de hasta 1.500 euros
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«Me gustaría vivir en una casa de ladrillo pero por desgracia no puedo tener una». Mari Ángeles vive en una autocaravana en Palma con su marido y su hijo porque dice que «ni con dos sueldos se puede alquilar, ni mucho menos comprar, un ... piso». No quiere dar la cara porque le da «vergüenza» que en su trabajo se enteren de que «malvive» en un poblado en la zona del extrarradio. Pronto tendrá que arrancar el motor e irse a otro lado con su casa a cuestas porque el Ayuntamiento quiere prohibir vivir dentro de estos vehículos.
La capital balear es uno de los territorios con el precio cuadrado más caro de España para comprar, y donde es difícil encontrar un alquiler por menos de 1.000 euros mensuales. Esta situación ha hecho que empiecen a proliferar poblados de caravanistas en los últimos tres años. El Ayuntamiento de Palma, gobernado por el popular Jaime Martínez, empezó expulsando a unas pocas de estas casas rodantes aparcadas en el parking de las piscinas municipales de Son Hugo. Ahora ha dado un paso más con una normativa que prevé multas de hasta 1.500 euros.
La 'Ordenanza municipal para el fomento de la convivencia cívica' aprobada inicialmente este jueves por PP y Vox, impide pernoctar en autocaravanas en Palma excepto en áreas habilitadas. En concreto, se prohíbe el uso de vehículos utilizados «a modo de vivienda con signos de permanencia» en las calles de la capital balear y prohíbe también pernoctar en este tipo de automóviles.
Los infractores que no acrediten una situación de vulnerabilidad serán sancionados con multas de entre 750 y 1.500 euros. La normativa, aprobada este jueves durante un tenso pleno, estará un mes en exposición pública para que se le puedan presentar alegaciones.
El regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo, Miguel Busquets, ha evitado mencionar el polémico punto de las caravanas durante su presentación de la ordenanza y ha defendido la seguridad ciudadana y el civismo y la necesidad de erradicar las conductas que atenten contra la convivencia.
«Pone fin a años de inacción que han generado una ciudad sucia e incívica, corrige comportamientos que afectan la convivencia asegurando el derecho de los ciudadanos a vivir en uno en torno a tranquilidad y bienestar, y combate actitudes que atentan contra el patrimonio y el mobiliario urbano, bienes que son de todos y que tenemos que preservar».
Normativa represiva y aporofóbica
Los portavoces de los grupos de izquierda, en la oposición, han cargado duramente contra la nueva normativa, que consideran «represiva, aporofóbica y antidemocrática» por incluir medidas como prohibir vivir en caravanas y fijar multas para artistas callejeros y personas sin hogar.
Los colectivos afectados critican la ordenanza y acusan al Ayuntamiento de prohibir en vez de regular tras dos años de mandato en los que no ha llevado a cabo ninguna política de vivienda efectiva, como ampliar el parque de inmuebles de alquiler social para las familias que se encuentran en situación de emergencia habitacional.
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Mallorca considera que las sanciones por residir en una autocaravana que plantea la nueva ordenanza del Ayuntamiento de Palma «chocan» con dos documentos del Ministerio del Interior y de la Dirección General de Tráfico (DGT). También expone que, según una sentencia del Tribunal Supremo, una caravana que sea empleada como domicilio de forma accidental o habitual es como «una vivienda corriente, inviolable y habitable». Por tanto, no se puede entrar sin orden de un juez.
Durante el pleno también intervino el presidente de la plataforma nacional de Autocaravanas PACA, Jesús Gallardo, que propuso al gobierno local regular los asentamientos habilitando otros espacios con servicio de alcantarillado y agua, «en vez de prohibir», ya que la prohibición no solucionará el problema sino que simplemente moverá las caravanas a otros pueblos.
«A quien acampe, que se le denuncie»
«Yo entiendo las posturas que tienen los vecinos de los chalés que tienen aparcadas autocaravanas enfrente de sus casas, pero son vehículos que pueden aparcar siempre que no estén acampados. A quien acampe, que se le denuncie. Hay que cumplir la ley», sostiene Gallardo, que cifra en 400 personas las que viven en autocaravanas en Palma.
Una encuesta pionera en España realizada por la Universidad de las Islas Baleares sobre el fenómeno de los asentamientos de autocaravanas concluyó que la mayoría de los usuarios son mayoritariamente hombres jóvenes extranjeros y con trabajo fijo que no puede pagar más de 200.000 euros para la compra de vivienda ni más de 1.000 euros al mes para alquilarlo.
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