El Supremo de EE.UU. prohíbe la vacuna obligatoria en empresas

Más de 208 millones de estadounidenses, e l 63% de la población, están completamente vacunados, y más de un tercio de ellos han recibido una tercera dosis de Moderna o Pfizer, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades federales. Entre ellos se encuentran los nueve jueces del Supremo.

Las partes en litigio hicieron sus alegatos ante el Supremo la semana pasada. La Casa Blanca alegó que esta medida era necesaria para vacunar a toda la población y poner fin a la pandemia. Grupos privados de empresas y 27 estados gobernados por los republicanos llevaron al Gobierno a los tribunales, pero una corte federal reafirmó la decisión de la Casa Blanca.

Según la sentencia , el Congreso no le dio al Ejecutivo permiso para «requerir la vacunación de 84 millones de estadounidenses, seleccionados simplemente porque trabajan para empleadores con más de 100 empleados».

La mayoría de la Corte, que es conservadora, ha fallado que la Administración Biden se extralimitó en su mandato sobre las empresas privadas, que hubiera afectado a unos 84 millones de personas en un país de 320 millones de habitantes. Los tres magistrados considerados progresistas se han opuesto a sus seis compañeros conservadores con un voto particular.

Los conservadores creen que el Ejecutivo no tiene la potestad de aprobar esos mandatos, ya que no lo ha hecho el Capitolio al aprobar una medida tras otra para tratar de poner coto a las infecciones. Sin una ley que permita esos mandatos, la presidencia se ha extralimitado, opinan los jueces en la mayoría. Los progresistas replicaron que es precisamente el Ejecutivo el brazo del Gobierno que debe intervenir en las emergencias sanitarias como esta.

La Casa Blanca ya preveía una serie de recursos que llegarían al Supremo, y mientras ha estado en vigor este mandato, desde noviembre, se han vacunado cientos de miles de empleados. Además se mantiene la obligatoriedad de vacunarse para los profesionales sanitarios en todo el país que reciban algún tipo de subsidio o ayuda pública. El mandato afecta a unos 76.000 centros de salud y hospitales con 17 millones de empleados, y contempla excepciones por razones de conciencia y religiosas.

En el caso de los profesionales sanitarios, se opusieron los cuatro jueces conservadores Neil M. Gorsuch, Amy Coney Barrett, Clarence Thomas y Samuel Alito. Ambos mantienen que el poder Ejecutivo no puede arrogarse unos poderes que no le ha conferido el Capitolio, y que esos mandatos deben surgir de leyes aprobadas previamente.