El sector educativo considera un «parche» que las regiones fijen el horario de los docentes

Como ya adelantó ABC en su edición del pasado miércoles, el Ministerio de Educación ya tiene redactado un borrador de «anteproyecto de ley para la mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria». Un texto, al que tuvo acceso ABC, y que se debatirá en la Conferencia Sectorial que ha convocado la ministra para el próximo día 30.

El anteproyecto tiene un único artículo, que puede desatar la polémica, y que permite a «las Administraciones Públicas con competencias educativas» poder establecer, «en sus respectivos ámbitos, la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en centros públicos y centros privados». Esta norma legislativa se aprobará en Consejo de Ministros y será tramitada por el Congreso en lectura única.

Esta reforma legislativa fue abordada ayer por la ministra de Educación, Isabel Celaá, en la reunión que mantuvo con la Mesa Sectorial de Educación. En este foro están presentes los cinco sindicatos más representativos del sector.

Precisamente, el presidente de ANPE (Sindicato Independiente de Maestros y Profesores), Nicolás Fernández Guisado , denunció a ABC el «parche« que supone el anuncio del Gobierno y alertó sobre la «desvertebración» que se está produciendo en el sistema educativo con esta medida.

Por su parte, el presidente nacional de Educación de la CSIF (Confederación Sindical Independiente de Funcionarios), Mario Gutiérrez, aseguró a ABC que lo que realmente se necesitan no son estos «parches» sino un Estatuto Docente que solucione las demandas de este colectivo: formación inicial, acceso a la función pública (que las pruebas no sean eliminatorias o modernizar el modelo de pruebas), carrera profesional, formación continua, condiciones de jubilación, mutualismo administrativo y acción social.

Una tesis con la que coincide la portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular, Sandra Moneo . La diputada popular reclamó al Gobierno la elaboración de una ley de la función docente, que permita el acceso en condiciones de igualdad.

Moneo afirmó que el hecho de dejar libertad a las autonomías para establecer las condiciones básicas del profesorado es «un parche absolutamente precipitado y una desvertebración paulatina» del sistema educativo». Además, emplazó al Gobierno a aclarar «cómo piensa abordar esta medida y si piensa asumir el coste».

Por su parte, la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín , afirmó que esta reformas legislativa es «un ejemplo de las políticas de parcheo en Educación que ha hecho el b ipartidismo y una medida preelectoralista». En este sentido, acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de « evadir el problema real, que tiene que ver con los derechos laborales de todos los profesores del territorio español».

Esta formación política anuncia que presentará una Proposición no de Ley exigiendo el Estatuto del Docente.