Las clínicas abortistas ven «injustificable» la reforma de la ley del aborto

La vicepresidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI), Francisca García, aseguró que exigir ahora el consentimiento paterno para poder abortar «no se justifica» por la «experiencia demostrada» de que el número de mujeres en ese tramo de edad no ha aumentado desde su aprobación hace seis meses.

Asimismo, afirmó que la ley del aborto socialista, que entró en vigor en julio de 2010, había dado «un paso adelante» a la hora de que las mujeres de esa edad pudieran decidir y madurar. «Esta medida va en contra de nosotros mismos y de nuestros derechos», alertó.

En la misma línea, la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, advirtió que la nueva ley supondría «un retroceso» que «puede, incluso, fomentar el aborto», la situación contraria a las aspiraciones del Partido Popular.

La medida de exigir el consentimiento de los padres para poder abortar en caso de las menores, Pérez del Campo sentenció que sería «perverso coartar la libertad de la persona y no reconocer la responsabilidad de quien se ha quedado en estado de gestación».

La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, por su parte, recordó que las jóvenes de 16 y 17 años ya pueden decidir «cuestiones vitales» como donar un órgano, someterse a una operación quirúrgica de riesgo o casarse -en este último caso incluso a edades inferiores- y, sin embargo, «no se les quiere dejar poner fin a un embarazo no deseado, algo que también puede afectar a estas jóvenes para el resto de su vida».

Según la presidenta de Mujeres Progresistas, esto supondría «un paso atrás» en la capacidad de las mujeres para decidir y «alejaría mucho» a España del entorno sociocultural y político de Europa.

En este sentido, Besteiro defendió que la ley actual «viene a satisfacer los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, pone fin a un problema de inseguridad jurídica que afectaba tanto a las mujeres como a los profesionales y resuelve un problema de salud pública de primera magnitud».