¿Me pueden obligar a vacunarme? Los juristas responden: «La Constitución no lo permite»

En España, el primero en ponerlo sobre la mesa ha sido el gobierno canario. El presidente del archipiélago, Ángel Víctor Torres, ha admitido que se está estudiando la posibilidad de obligar a vacunarse a determinados cuerpos de la Administración regional, refiriéndose a aquellos que interactúan con colectivos sensibles. Torres, que dice ser consciente de que «no puede obligarse a la ciudadanía» a un acto así, considera que en ciertos funcionarios es «distinto».

Sobre esta posibilidad se pronunció la semana pasada el Tribunal Constitucional (TC) a propósito de la Ley de Salud impulsada por la Xunta de Galicia, que prevé, entre otras medidas para controlar futuras pandemias, la inoculación obligatoria. Mientras que la Justicia permitirá al Ejecutivo autonómico imponer cuarentenas, limitar grupos y ordenar confinamientos, no avala que se pueda establecer la vacunación forzosa , motivo de desencuentro con el Gobierno central y por el que este recurrió dicha ley al alto tribunal.

Para los juristas, este rechazo del TC despeja las posibles dudas que podrían existir de que la ley 3/1983 de Salud Pública amparara una medida así. «El Tribunal dice con toda claridad que la vacunación obligatoria no es una medida preventiva », expone a ABC Juan José Bestard, médico, abogado y exviceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, a los expertos les resulta difícil comprender cómo el Gobierno central, que tiene la obligación de legislar, «litiga contra las autonomías que sí se han puesto a ello», apunta el abogado. «Sin embargo, el decreto ley 5/2021 impulsado en las Islas Baleares que autoriza, entre otros, la vacunación obligatoria, no ha sido recurrido por el Ejecutivo, y desde mi punto de vista también incumple la Constitución. Esta ley va más allá incluso al contemplar la posibilidad de que los ciudadanos puedan ser reclutados para prestar determinados servicios», dice Bestard. Muchas de estas incongruencias se podrían haber evitado con una ley de pandemias que contemple todos estos supuestos, ya que solo una norma orgánica aprobada por en las Cortes podría limitar los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, apuntan fuentes jurídicas.

En la misma línea se pronuncia Asunción de la Iglesia , profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra: «La vacunación forzosa, la expresión más radical de la obligatoriedad, no sería constitucionalmente legítima en ningún caso. Existe un derecho fundamental a oponerse a las intervenciones corporales que está protegido por la Constitución». Sin embargo, en el contexto de la pandemia el temor colectivo «puede llevar a justificar medidas restrictivas extraordinarias, pero siempre se debe cumplir con las garantías propias de un Estado constitucional de derecho», señala De la Iglesia. Para poder limitarlo, de hecho, apunta la necesidad de encontrar un fin legítimo –que sería el de preservar la salud pública– y ser proporcional –idóneo, necesario y cuyo beneficio sea superior al sacrificio–.

En este sentido, para Fernando García , investigador del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, en España la gran aceptación de las vacunas no justificaría su imposición. «En países como Francia, donde una tercera parte de los sanitarios están sin vacunar, podría tener sentido», pero la implantación en España, donde no existen estos problemas y reticencias a la hora de recibir el pinchazo, no sería inteligente llegar a ese punto, señala el también epidemiólogo. «Buscar alcanzar mediante imposición el 90% de vacunados si espontáneamente podemos llegar hasta el 85% no tendría sentido», según García, que augura que nuestro país podrá alcanzar la inmunidad de grupo sin imponer medidas coercitivas.

Para Juan José Bestard, la perspectiva puede cambiar si se trata de profesionales sanitarios. La ley de riesgos laborales sí que permitiría a la gerencia de un hospital apartar a los profesionales que decidan no vacunarse de áreas como, por ejemplo, en las que se encuentren pacientes inmunodeprimidos, y con ello no incurrirían en discriminación alguna. Tampoco exigir el Certificado Digital para nuevos contratos estaría justificado, ya que, en opinión de Bestard, atentaría contra el derecho fundamental al trabajo, contemplado en la Constitución.

Organismos como el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), que han detectado cierta reticencia entre sanitarios que no se han vacunado, han tenido que expresar públicamente su «total convencimiento de que la vacunación frente al virus SARS-CoV-2 es un ejercicio imprescindible de responsabilidad y solidaridad que está basado en la evidencia científica y que responde a los principios y normas del Código de Deontología Médica».

Aunque no hay datos oficiales sobre cuántos españoles han rechazado recibir el antídoto contra el Covid-19, según el último estudio publicado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), en España apenas el 4% de la población se considera antivacunas: no se han inoculado, se oponen «filosóficamente» a ellas o las considera dañinas. Según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad, solo el 1,1% de la población entre 70 y 79 no tiene ninguna dosis puesta –aunque esto no quiere decir que la rechace–; el porcentaje asciende hasta el 3,6% entre los que tienen de 60 a 69 años, el grupo que más vaivenes ha sufrido durante la campaña tras los problemas reportados con el fármaco de AstraZeneca.