Los provida emplazan al Congreso a ver la labor que realizan frente a las clínicas abortistas
Sostienen que no tienen ninguna denuncia en su contra porque informar a las mujeres «no es un delito ni coarta su libertad»
Estos son los países en los que está penalizado el aborto
Son las diez de la mañana y el goteo de mujeres dispuestas a practicarse un aborto en la clínica Dator de Madrid es poco llamativo, salvo por la presencia de un pequeño grupo de jóvenes que rezan en silencio al otro lado de la ... acera junto a un cartel que dice: «Rezamos por ti y por tu bebé».
La imagen que proyectan este puñado de universitarios a los ojos de una sociedad secularizada como la nuestra puede parecer incomprensible, pero para estos jóvenes su oración «es una ayuda a estas mujeres que lo están pasando tan mal». Todos forman parte del movimiento mundial ‘Cuarenta días por la vida’. Muchos están allí porque se han enterado por Twitter. Es el caso de Pepe Guinea, un joven economista de 26 años. «Cualquiera puede venir y ver si estamos hostigando o no a las mujeres» , asegura.
Nadie, sin embargo, ha recogido el guante lanzado por este joven provida. El PSOE con el apoyo de sus socios –Podemos, ERC, PNV, Bildu– han conseguido esta semana sacar adelante en el Congreso la tramitación de una proposición de ley por la que se pretende modificar el Código Penal para imponer penas de hasta un año de prisión a aquellas personas que obstaculicen el derecho al aborto. La iniciativa legislativa es la respuesta del PSOE a una petición de la plataforma cívica ‘Aborto sin acoso’, impulsada por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).
La patronal ha justificado la necesidad de considerar «un delito la obstaculización del derecho al aborto» tras los resultados de su encuesta realizada a las mujeres que acudieron a abortar en varias clínicas en toda España en 2018. Según los resultados de ese sondeo, un 89% de las mujeres se habían sentido acosadas y un 66% amenazadas por estos «grupos organizados». La encuesta se realizó a 300 mujeres de los 99.000 abortos que se realizan cada año en España.
«Nos quieren silenciar pero no lo van a lograr», asegura el psiquiatra Jesús Póveda, uno de los precursores en nuestro país del movimiento de los ‘rescatadores’ –como los provida denominan a los voluntarios que trabajan de forma altruista frente a estos centros sanitarios privados para evitar que las mujeres aborten–.
Tras la entrada en vigor del aborto libre en 2010, este médico echó a andar la ‘Ambulancia Vida’. Sus voluntarios ofrecen folletos a las embarazadas y les invitan a que se realicen una ecografía como medida disuasoria al aborto en una ambulancia que aparcan cada sábado junto a la clínica Dator.
Bernardo, unos de sus cientos de voluntarios, lleva ya dos años trabajando a las puertas de estos centros. «No tengo miedo porque no coartamos la libertad de nadie», asegura este joven, que dedica el tiempo libre que le deja la universidad para ser «rescatador». Mientras ABC realiza este reportaje, Bernardo consigue acercarse a una joven que está a punto de entrar en Dator. Habla con ella un rato y le ofrece un folleto. Se trata de Soira. Va acompañada de su hijo mayor y de su madre. La joven explica que está allí «porque no ha encontrado ninguna ayuda para no hacerlo».
«Nadie me respondió»
«Escribí a una fundación de madres solteras pero nadie me respondió», asegura. La crisis económica provocada por la pandemia la ha abocado al aborto. Soira agradece la información que le ha facilitado Bernardo. «Puede ser útil», asegura esta mujer, al tiempo que admite que se ha sentido «muy cómoda» con el trato dispensado por el joven provida. En el folleto aparece una lista de asociaciones que ayudan a las mujeres embarazadas. Soira lo guarda –sin más comentarios– en su bolso.
Bernardo considera que su tarea no supone ninguna coacción ni es violenta para las mujeres. «Lo único que les preguntamos es qué necesitan y si podemos ayudarles en algo. La mayoría nos dicen que no les interesa, algunas solo nos escuchan y otras nos piden ayuda», asevera.
Lo que para los grupos provida es «libertad de expresión», para los centros acreditatos para el aborto es «coacción e intimidación». «Creen que por tanto rezar van a cerrar la clínica Dator. Ya no es irrisorio que estas personas se pongan a las puertas con cartelería y hasta un vehículo con un ecógrafo que nada pinta a las puertas de un centro sanitario, sino que las administraciones públicas lo permitan. Esto ya es hartazgo porque es así desde el año 85 y por fin los grupos políticos han decidido dejar de mirar para otro lado», asegura a ABC Sonia Lamas, portavoz de la clínica Dator.
Pocos minutos después de la llegada de los voluntarios provida a las inmediaciones de la clínica Dator, dos patrullas de la Policía Nacional aparcan en la zona. Pese a que no se ha producido ningún incidente en la vía publica, los agentes piden los DNI a todos los voluntarios e incluso a los reporteros de ABC y los apuntan en una libreta.
«Es lo de siempre. Vienen porque les llaman desde la clínica, pero no nos pueden decir nada porque no hacemos nada malo. Nos acusan de violentos, pero nosotros no somos criminales ni delincuentes. Solo ofrecemos información y eso no es un delito. No cerramos el paso a nadie. El que quiere entrar, entra», explica Amelia Bueno, portavoz de Ambulancia Vida.
Más de 2.000 voluntarios
Al menos tres organizaciones trabajan actualmente a las puertas de las clínicas abortistas para ofrecer información a las mujeres. La más numerosa es Más Futuro. En los últimos cinco años, sus 2.000 voluntarios han conseguido rescatar a 5.200 no nacidos en toda España . Durante este tiempo, esta organización que no recibe financiación pública no ha tenido una sola denuncia por coacción o intimidación.
La cosa nunca ha pasado a mayores. Así lo corroboran los trabajadores de un bar ubicado frente a la clínica Dator. «Llevo 17 años trabajando aquí y nunca he visto ningún follón. Nunca se han metido con nadie», asegura uno de los camareros. La propia portavoz de Dator explica que las mujeres que se han sentido coaccionadas han presentado denuncias pero «han sido archivadas». Esas acusaciones no han prosperado pese a contar con encaje legal, ya que --como recordaron esta semana PP, Vox y Ciudadanos al PSOE durante el debate parlamentario de la nueva proposición de ley-- «el delito de coacción ya está recogido en el Código Penal».
Para evitar justamente situaciones incómodas, los voluntarios se acercan a las mujeres de a pares o incluso solos. «Tienes que lograr que en cinco minutos esa persona confíe en tí. No se puede ser brusco ni violento. Estamos para ayudar no para hacer sufrir a la gente», explica Marta Velarde, impulsora de Más Futuro.
Para esta mujer, que lleva realizando esta tarea desde 1985 de forma desinteresada y gratuita, la posible pena de prisión que impulsa el PSOE y sus socios de Gobierno no le quita el sueño. «No tengo miedo a terminar en la cárcel. Ya se lo he dicho a mis hijos», afirma. Más Futuro se financia cien por cien con fondos privados que aportan sus propios miembros. «Ayudamos a las mujeres de por vida, todo el tiempo que lo necesiten. Que vengan y lo vean en lugar de penalizar el afán de mucha gente que solo busca ayudar a las mujeres», explica. «A veces esa ayuda es en forma de un empleo, otras veces solo es económica y siempre es acompañamiento», añade.
Para Marta cada vida que se ha conseguido salvar es un tesoro. Y así también lo ven las mujeres «rescatadas». Patricia da buena cuenta de ello. «Para mí fueron la luz, como unos ángeles caídos del cielo. ¿Quién te ayuda hoy en día sin obtener nada a cambio? No te conocen de nada, pero se la juegan por tí. A pesar de estar embarazada ellos me consiguieron un trabajo en el que sigo todavía hoy».
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