Organizaciones de dependientes creen que la reforma basada en el ahorro «no es admisible»

Coinciden en la necesidad de reformar un sistema que crea « desigualdades » territoriales y en cuyo desarrollo no se ha respetado el espíritu de la ley, primando los cuidadores familiares sobre los profesionales.

No obstante, advierten de que no se puede « demonizar » a los cuidadores familiares, que desempeñan una « gran labor » y están supliendo las deficiencias de la puesta en práctica del sistema, al ser quienes están cuidado de los 300.000 dependientes en lista de espera.

Estas son algunas de las observaciones y advertencias lanzadas por las tres principales organizaciones de personas dependientes: la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), la Unión Democrática de Pensionistas (UDP) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

En conferencia de prensa, los presidentes de estas organizaciones han valorado la reforma de la ley de dependencia que impulsa el Gobierno y han coincidido en lamentar no haber sido consultados, por lo que piden que se tramite como proyecto de ley para que pueda ser discutida y consensuada .

«Está bien evaluar la ley y cambiar lo que no ha funcionado, pero no se debe hacer sólo con la lógica del ahorro económico ; hay cosas que no se pueden recortar política, moral y éticamente», ha subrayado el presidente del Cermi, Luis Pueyo, quien ha destacado que se trata de una ley que protege a «los más vulnerables y desfavorecidos».

Para el presidente de UDP, Luís Martín Pindado, la reforma era «imprescindible» y debe centrarse en acabar con las desigualdades territoriales en materia de desarrollo, valoración de la dependencia y servicios y beneficios, que «no pueden depender de la zona en la que vivas».

Así, los tres han coincidido en que les gustaría ver el sistema de la dependencia dentro del sistema de la Seguridad Social, de modo que haya unas normas, métodos y nivel de cuidados comunes para toda España.

En cuanto a las reformas propuestas, los tres han coincidido en la necesidad de primar el cuidado profesional y han lamentado que, en el desarrollo del sistema, se haya «desvirtuado el espíritu de la norma» y se haya optado mayoritariamente por subvencionar los cuidados familiares.

«Ha habido situaciones de fraude y hay que acabar con ellas», ha dicho el presidente de UDP, José Luis Méler, quien no obstante ha advertido de que «no se puede dar por supuesto el fraude y estigmatizar a los cuidadores familiares, pero sí se deben establecer controles».

Méler ha subrayado que son precisamente los familiares de los dependientes quienes estás supliendo las carencias y el mal funcionamiento del sistema al cuidar en exclusiva y sin apoyo a los más de 300.000 dependientes reconocidos que aún están en lista de espera para obtener ayudas.

«Es una ley que ha creado muchas expectativas frustradas, sobre todo por la mala ejecución, mala gestión y continuos recortes», ha dicho Pueyo, «pero es una gran conquista social que vamos a pelear por mantener y consolidar».