El Pacto de Estado contra la Violencia de Género arranca tras la aprobación de las comunidades

La firma se ha producido en un ambiente de consenso: todas las regiones han destacado la necesidad de activar cuanto antes las medidas . De hecho, ministerio y comunidades han acordado que 26 de las 213 medidas aprobadas en septiembre en el Congreso sean prioritarias. Entre ellas, la elaboración de protocolos de detección precoz en el ámbito sanitario, formación del profesorado o la mejora de los protocolos de actuación entre juzgados y administraciones.

«Lo que viene en el inicio de este 2018 es aplicar las medidas », ha asegurado Montserrat, quien además ha destacado que «se mejora mucho la lucha contra la violencia de género» y que las víctimas «van a notar la mejora». Para ellas han sido las primeras palabras de la ministra en la rueda de prensa, ya que ha querido dedicarles el acuerdo. «El maltratador no tiene cabida en nuestra sociedad», ha destacado.

El Pacto, que se aprobó en septiembre con 213 medidas en el Congreso y el Senado, prevé una dotación de 1.000 millones para los próximos 5 años. De ellos, a lo largo de un lustro 100 serán gestionados por los ayuntamientos, 500 por las comunidades y 400 por el Gobierno. De hecho, Montserrat ha garantizado que el Gobierno destinará el año que viene 200 millones de euros para poner en marcha el pacto, ya sea en la prórroga de los Presupuestos o en unos nuevos si logra sacarlos adelante.

De los primero 200 millones, 100 se repartirán para las comunidades, 20 para los ayuntamientos y 80 para el Gobierno central que irán destinadas a las medidas acordadas como prioritarias y que no necesitan de reformas legislativas. Estas otras aún están pendientes de desarrollarse, por lo que se aplicarán a medio plazo.

En el caso de las medidas de ámbito sanitario, como la agilización de protocolos de atención primaria, la ministra ha explicado que se ha estado trabajando ya en ello y se pondrá en marcha en cuanto el Consejo Interterritorial de Salud de luz verde, previsiblemente en enero. Por su parte, las medidas que afecten al ámbito educativo, como las destinadas a la prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas o el refuerzo de la inspección, serán implementadas en el Pacto Educativo.

Además, la ministra ha explicado que espera que Podemos «se sume» al Pacto, pese a que en el Congreso se abstuvo, al ver que todas las demás fuerzas, comunidades y ayuntamientos, así como entidades del tercer sector, se han adherido al texto.