Los médicos avisan de que la ley de eutanasia se va a aplicar en España «sin garantías mínimas»

En los países donde es legal han tardado más de un año en ponerla en marcha, en España entrará en vigor en solo tres meses

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Personal sanitario atiende a un paciente en una UCI en un hospital de España ABC

12/03/2021
Actualizado 18/03/2021 a las 11:54h.

Los últimos países que regularon la eutanasia, Nueva Zelanda y el estado de Victoria (Australia) se dieron entre 12 y 18 meses para aplicar la nueva legislación. En España, el Gobierno pretende que se haga en apenas tres. El Consejo Asesor de Ética Asistencial ... de la Región de Murcia ha sido el primero en poner la voz de alarma. En una nota enviada al Gobierno regional, a la que ha tenido acceso ABC, este órgano consultivo advierte de que es «irrealizable y poco deseable» la puesta en marcha de «una ley de semejante calado» en apenas tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La ley orgánica de Regulación de la eutanasia pasará por el pleno del Congreso de los Diputados el próximo jueves para su aprobación definitiva. A partir de ese momento, el mal llamado «derecho a morir» se publicará en el BOE y entrará en vigor a los tres meses, es decir, a mediados del mes de junio.

«Este plazo de implementación parece tan irrealizable, en sí mismo, como, aún más, poco deseable por coincidir en un contexto de pandemia en el que se ha alterado y dificultado, de manera trágica, el acompañamiento al final de la vida», afirma el Consejo Asesor del Gobierno murciano, quien recuerda en su nota que los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS) están «sometidos a un nivel sin precedentes de estrés».

«No es un acto médico»

El senador por la Izquierda Conferederal, Koldo Martínez (Geroa Bai), fue el primero en denunciar el pasado miércoles en el pleno del Senado de que la ley de eutanasia se va a aplicar en España sin «una garantía mínima de calidad» para los pacientes que la soliciten. Según señaló este médico intensivista, la «prestación de ayuda a morir» entrará en vigor «sin la formación de los profesionales, sin la divulgación a la ciudadanía y sin tener articulado todo lo necesario para implementar el proceso de buenas prácticas, social, divulgativo, formativo y elaborados todos los documentos necesarios». El parlamentario citó hasta 25 actuaciones que serían necesarias llevar a cabo antes de la puesta en marcha de la ley.

«Una aplicación rápida y sin control podría producir un daño tremendo», afirma el presidente de la Asociación Española de Bioética, Luis Miguel Pastor

La vicepresidenta segunda del Consejo General de Colegios de Médicos (Cgcom), Manuela García Romero, considera que el SNS «debería tomarse el tiempo que fuera necesario» para poder esclarecer y protocolizar todo el procedimiento de manera que sea «garantista» para los ciudadanos. «Las prisas no son buenas y esta ley tiene que ser absolutamente garantista para las personas por lo que vamos a estar muy vigilantes», aseguró García Romero.

En el actual contexto de pandemia, la vicepresidenta del Cgcom recuerda que «todos los pensamientos, preocupaciones y esfuerzos del SNS están encaminados a salvar la situación actual» . «No sé qué músculo tendrá el SNS para trabajar en todo este tema pero a priori parece un tiempo muy escaso y con demasiada prisas», afirmó.

«Dudo que el SNS tenga músculo en plena pandemia para poner en marcha la ley en tres meses», afirma la vicepresidenta segunda del Cgcom, Manuela García Romero

La formación del profesional sanitario es otro de los frentes que el Cgcom ve sin resolver. «La eutanasia no es un acto médico por lo que es una situación nueva para todos. Al menos se tienen que definir qué competencias tiene que tener el profesional, qué requisitos y debe ser una persona formada en todo esto, no se puede formar después de la entrada en vigor de la ley», apuntó.

El presidente de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, Luis Miguel Pastor, es más categórico y avisa de que «una aplicación rápida y sin control» de la ley podría producir «un daño tremendo». «Desde el punto de vista técnico, jurídico y formal esto es un despropósito y desde el punto de vista de cualquiera que conoce la medicina y el funcionamiento del SNS sabemos que muchos médicos se van a ver violentados», apuntó el catedrático en Biología Celular.

Para el vicepresidente de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, Javier Judez, el plazo de tres meses es «una fantasía del legislador que con toda seguridad no se va a cumplir y que si se cumple estará mal armada». Para este médico experto en Bioética, además es «muy llamativo» que el legislador considere que para coordinar la oferta de formación continuada de los profesionales sanitarios necesite un año y para la puesta en marcha en 17 comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, basten tres meses para «coordinarse».

En el estado de Victoria, Australia, tras dos años de consultas, la ley fue aprobada en noviembre de 2017, y entró en vigor el 19 de junio de 2019. En Nueva Zelanda, tras otro largo proceso deliberativo de dos años y su aprobación en el Congreso en 2019 seguida de un referendum en el que la ley fue aprobada por un 65% de la población en octubre de 2020, la ley entrará en vigor un año después de ser aprobada.

Las 25 tareas pendientes antes de aplicar la ley

Para asegurar a los pacientes que soliciten la nueva «prestación de ayuda a morir» una «garantía mínima de calidad» , la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica señala al menos 25 actuaciones que deberían realizarse antes de la entrada en vigor de la nueva regulación.

1. Articulación de todo el proceso en la historia clínica (arts. 4-6, 8, 10.2, 15.2, 18.b) de todo el Sistema Nacional de Salud.

2. Aseguramiento de los medios y recursos de apoyo materiales y humanos, incluidas medidas de accesibilidad y diseño universales, incluida la adopción de las medidas pertinentes para proporcionar acceso al apoyo que puedan precisar las personas con discapacidad (art. 4.3)

3. Procedimiento para la entrega por escrito de la información sobre proceso médico , las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos integrales y a las prestaciones que tuviera derecho de atención a la dependencia, para cada solicitante.

4. Modelo de certificación de la condición del solicitante por el médico responsable (art. 5.1.d) que le cualifica para la solicitud.

5. Protocolos de actuación para la valoración de la situación de incapacidad de hecho por el médico responsable , emanados por el Consejo Interterritorial del SNS necesarios para excepcionar el art. 5.1, b), c) y e), conforme al art. 5.2 y a la disposición adicional sexta, recurriendo a documentos de instrucciones previas, en su caso, y/o al representante nombrado en las mismas.

6. Modelos de documentos de instrucciones previas para solicitud conforme a requisitos de esta ley (art. 5.2 y art. 9).

7. Modelos de documentos de firma de dos solicitudes voluntarias por escrito (art. 5.1.) o documento en representación (art. 6.1), rubricados presencialmente por un profesional sanitario, que deben incorporarse a la historia clínica (art. 6.2), separadas por al menos 15 días naturales.

8. Modelos de documento de revocación de solicitud o aplazamiento de administración, incorporado a la historia clínica (art. 6.3).

9. Modelo de documento de reclamación ante solicitud denegada (art. 7.2).

10. Modelos de documento de consentimiento informado o desistimiento, a firmar 24 horas después de terminado el proceso deliberativo tras la solicitud ratificado dos veces por escrito con al menos 15 días entre ambas (art. 8.2).

11. Modelo de informe favorable o desfavorable del médico consultor (art. 8.3).

12. Modelo de notificación del médico responsable a la Comisión de Garantía y Evaluación (art. 8.5 y art. 10).

13. Modelo de informe de verificación de dos miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación (art. 10.3), equivalente a resolución si es favorable.

14. Modelo de reclamación a la decisión de los verificadores o evaluadores de la solicitud (art. 10.3 y 18.a)

15. Modelos de «documento primero» y «documento segundo» de comunicación de realización de la prestación de ayuda para morir (art. 12), con custodia bajo anonimato del primero.

16. Modelo de documento de declaración de objeción de conciencia (art. 16.1)

17. Creación de registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia (art. 16.2) sometido al principio de estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos de carácter personal.

18. Establecimiento del órgano competente de la administración autonómica (art. 17.1)

19. Determinación del régimen jurídico de la Comisión de Garantía y Evaluación (art. 17.2)

20. Creación y constitución de la Comisión de Garantía y Evaluación (art. 17.3) antes de los tres meses siguientes a la aprobación de la Ley.

21. Desarrollo del reglamento de orden interno de la Comisión de Garantía y Evaluación (art. 17.4), ajustándose de manera transitoria las comisiones, hasta tener dichos reglamentos, a las reglas establecidas en la sección 3ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (disposición transitoria única).

22. Modelo de informe anual de evaluación (art. 18.e y Disposición adicional tercera).

23. Manual de Buenas Prácticas elaborado por el Consejo Interterritorial del SNS para orientar la correcta puesta en práctica de esta Ley (para el que se da 3 meses, los mismos que para que entre en vigor) (Disposición adicional sexta).

24. Máxima difusión de información a profesionales sanitarios y a la ciudadanía sobre la ley , sus supuestos y la promoción de la realización de documentos de instrucciones previas (disposición adicional séptima).

25. Oferta de formación continuada sobre la ayuda para morir, que deberá considerar tanto los aspectos técnicos como los legales, formación sobre comunicación difícil y apoyo emocional (Disposición adicional séptima).