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Una cadena de montaje de coches estadounidense Reuters
Javier Ansorena

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La Administración Biden ha impuesto la vacuna de Covid-19 obligatoria para los trabajadores de empresas con plantillas de más de cien empleados o, en su lugar, el sometimiento a test semanales y uso de mascarilla. El plan fue anunciado por el presidente de EE.UU., Joe Biden, en septiembre, pero la Casa Blanca ha tardado semanas en darle forma y por fin este jueves se han conocido sus detalles.

Los trabajadores estadounidenses afectados y sus empresas tendrán hasta el 4 de enero para cumplir con la normativa. Cerca de 84 millones de personas tendrá que vacunarse, según la estimación de la Casa Blanca.

La obligatoriedad también se aplicará sobre los sanitarios que trabajan en clínicas, hospitales o residencias con subvención federal de los programas Medicare y Medicaid, que suponen otros 17 millones ese personas. Estos no tendrán la alternativa de test semanales para evitar la vacuna, aunque sí podrían acogerse a exenciones por motivos médicos o religiosos.

En total, más de cien millones de trabajadores estadounidenses estarán sometidos a la vacuna obligatoria, lo que representa dos tercios de la fuerza laboral de la primera potencia mundial.

Una de las razones por las que la obligación no entrará en vigor hasta dentro de dos meses es para no causar problemas en la temporada de fiestas de fin de año. Arranca a finales de este mes con el día de Acción de Gracias y se alarga hasta la Nochevieja. Se producen muchas contrataciones de temporada para atender el aumento de consumo, viajes y entretenimiento, y la obligación de vacuna podría suponer un problema añadido, en un momento en el que a muchas empresas les cuesta encontrar trabajadores.

La normativa será un nuevo y decisivo episodio en la batalla legal y política por la obligación de la vacuna. Biden prometió en campaña dejar atrás la pandemia y, a pesar de que hay abundancia de vacunas en EE.UU. desde la primavera pasada, no ha convencido a buena parte del país para que se ponga el pinchazo: el 30% de los adultos todavía no tienen la pauta completa. A finales del verano, la situación empeoró con la irrupción de la variante Delta, y Biden decidió impulsar la obligatoriedad a nivel nacional: primero, para funcionarios y contratistas federales, además de todos los efectivos del ejército. Ahora, la mayoría de la fuerza laboral del país.

Estos mandatos, sin embargo, se han encontrado oposición desde el bando republicano, además de una reacción furibunda del colectivo anti-vacunas. Los fiscales generales de 24 estados con mucha presencia republicana se han comprometido a llevar la norma a los tribunales, mientras que algunos, como Misuri, están buscando desarrollar su propia legislación para quedar eximidos de la obligatoriedad.

Al mismo tiempo, la obligatoriedad se ha impulsado ya en entidades locales y estatales -bajo dominio demócrata- y grandes empresas. Ford anunció este miércoles que impondría la vacuna a la mayoría de sus 32.000 empleados.

En ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Chicago hay guerras abiertas sobre la obligación de vacunarse para funcionarios. En especial, en los cuerpos de policía y de bomberos. Eric Adams, ex capitán de la policía y recién elegido como próximo alcalde de Nueva York, aseguró este jueves que cuando llegue al cargo, el 1 de enero, «reconsiderará» la normativa era difícil implementar la obligatoriedad de la vacuna.

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