Una víctima de maltrato recibe ayuda de los trabajadores de Afammer
Una víctima de maltrato recibe ayuda de los trabajadores de Afammer - ABC

El maltrato se ensaña con la España rural

Un entorno social cerrado y la falta de recursos empujan a las mujeres al silencio

MadridActualizado:

Denuncian menos. Es un hecho. Y muchos, agentes, trabajadores sociales y autoridades, se preguntan el porqué. Las mujeres víctimas de la violencia de género en el medio rural pueden chocar con varias trabas a la hora de acusar a sus maridos o exparejas, circunstancias que no vienen recogidas en ningún Pacto de Estado, pero que cuentan las entidades que trabajan con ellas tratando de asesorarlas. No denuncian por vergüenza, por el qué dirán, porque temen que en la comisaría se encuentre un familiar de su maltratador, o un pariente suyo, por la distancia insalvable que tienen hasta llegar a un cuartel o porque, simplemente, carecen de coche y recursos para hacerlo... Todos estos obstáculos permanecen opacos para la sociedad cuando se contabilizan las mujeres que sufren violencia machista, pero los relatan calcados, casi palabra por palabra, la comisaria responsable de VioGén (el sistema policial de protección de las víctimas), Marina Rodríguez, y asociaciones de lucha contra esta lacra.

Una de estas entidades es la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural ( Afammer), presidida por Carmen Quintanilla. Desde esta ONG, que ayudó con sus programas en 2018 a dos millones de personas en la «España vaciada», aseguran a ABC que el maltrato se ceba con mayor dureza con las mujeres del campo, que tienen menos medios específicos para encararlo. Lamentan casos como el de una mujer asesinada el año pasado en un pueblo gerundense, donde el agresor se había quedado viviendo a 150 metros de su exmujer. El pueblo no denunció cuando asistió en primera fila a una refriega en la calle. Esa misma noche él acabó con su vida en el umbral de la puerta, mientras una hija dormía en el piso de arriba. «Nadie se quiere meter en los asuntos de una familia del pueblo, por la cercanía en las relaciones con una y otra parte, por las habladurías y su influencia, por la visión de la familia como el bien supremo a preservar, por las actitudes de sumisión y aceptación de la violencia y las desigualdades de género, todo ello mucho más profundo en el medio rural que en el urbano», afirman en la sede de Afammer, en Ciudad Real.

El 73% de las mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas en España mueren en municipios de menos de 100.000 habitantes, destaca a este diario Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio del Poder Judicial contra la Violencia Doméstica y de Género.

Muchas de las 993 mujeres asesinadas en España desde 2003 personifican lo que detallan en esta entidad: «No involucrar a la familia a fin de no preocuparles, no causarles un disgusto público, así como seguir considerando la violencia como un asunto privado son comportamientos que siguen estando muy presentes en la actitud de las víctimas».

En la sede de VioGén, Marina Rodríguez asevera que los agentes que velan por la protección de las mujeres se topan con estos problemas añadidos. Agrega otro: «Muchas víctimas quieren denunciar, pero que no le pase nada al agresor, o dicen que “el castigo no sirve para nada”, en el sentido de que no repara a la víctima y tiene efectos familiares».

Amaya Caldero es la coordinadora de la Unidad Forense de Violencia de Género en una provincia eminentemente rural, Zamora. La doctora empieza por reivindicar que el Pacto de Estado incluye que haya unidades como ésta en toda España, pero «siguen faltando muchas». Caldero ha elaborado un estudio muy peculiar: ha recogido una muestra de 16 casos de agredidas tratadas en su área en los últimos seis años. Todas sufrían trastornos adaptativos. En un 44% de los casos, estas mujeres padecían patología dual, es decir, una adicción y otro trastorno mental al mismo tiempo, en un 18% retraso mental, y en un 6% presentaban hábitos psicóticos y delirantes. Caldero avala que la falta de anonimato y el control social derivan en mayor presión para ellas.

En otro apartado del diagnóstico, la doctora de la Unidad Funcional de Conductas Adictivas del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Complejo Asistencial de Zamora evalúan el estrés postraumático que registran las agredidas; y su dependencia de tóxicos, como el alcohol. «Son más sensibles y vulnerables por la menor capacidad de reacción que tienen. Su recuperación también es más lenta», dice a ABC. El profesional más cercano a la mujer maltratada en la España rural es el médico de Atención Primaria, «crucial para la detección y para abrir la puerta de acceso al resto de los recursos». «Es fundamental el apoyo integral a la víctima durante todo el proceso para evitar una victimización múltiple: maltratada, enferma mental y adicta», recalca.

Hándicaps

Una vez repartidos los 200 millones de euros que el Ejecutivo debe trasladar a ayuntamientos y autonomías para prevenir y hacer frente a la violencia machista, las asociaciones denuncian otros hándicaps que no se están teniendo en cuenta en ningún reparto: «Una parte de la población rural, sobre todo la más envejecida, desconoce las modalidades de violencia, sus causas y consecuencias, minimiza el riesgo de muerte o de graves lesiones o niega, incluso, la existencia de violencia», dice Afammer. Es casi un combate contra un gigante «invisible».

Por si fuera poco, agrega, muchos hombres en el rural «no son considerados como un colectivo específico a sensibilizar y no suelen participan en las actividades de prevención».

La cuestión no es baladí, puesto que este país sacó extramuros la violencia sexista después de un sinfín de vivencias ocultas en los domicilios conyugales. Casos guardados durante décadas entre cuatro paredes como el de Ana Orantes, cuyo marido la asesinó tras su primera declaración pública, en televisión, sobre la atroz vida que sufría en casa, en una diminuta localidad de Jaén.

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Además de dar la «publicidad» necesaria a la violencia, Afammer deja otro «recado» al Ejecutivo: «El acceso a recursos asistenciales e infraestructuras varía significativamente en función del tamaño del municipio. Encontramos como nota común a todos ellos la dificultad para acceder a la información y a recursos de atención para acabar con el aislamiento de la comunidad».

Los últimos datos oficiales al respecto aparecen en la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer (de 2015) de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. En ella se indica que «son las mujeres que residen en localidades de 2.000 habitantes o menos las que en menor proporción buscan los servicios de la policía o los juzgados para poner una denuncia, un 17,1% frente al 29,1% de las mujeres residentes en urbes de tamaño superior. El silencio es mayor en los municipios más pequeños».