Juan Oliva: «El copago como medida única y aislada tiene escaso recorrido»

¿El copago tiene algún beneficio para la salud pública?, le preguntó el primero de los internautas, interesado en la posibilidad de que los ciudadanos, al tener que gastar más en salud, «piensen más en prevenir que en curar y evolucionen hacia mejores hábitos de vida o comportamientos menos imprudentes».

Oliva se mostró desconfiado: «El copago como medida única y aislada tiene escaso recorrido». A juicio del presidente de la Asociación de Economía de la Salud, « existen otras medidas estructurales que afrontar , entre ellas, un fortalecimiento de los programas de salud pública que se transmitan no sólo dentro del ámbito sanitario sino también el laboral, educación, medio ambiente, urbanismo, etc., y diseñar políticas inteligentes que impliquen a los ciudadanos más en el cuidado de nuestra salud y en el desarrollo de comportamientos saludables».

«El usuario es quien realiza la visita al médico pero es el prescriptor quien decide qué medicamentos y cuántos», recordó Oliva antes de señalar que los estudios realizados sobre copagos indican que una baja sensibilidad de la demanda de los usuarios. « Un crecimiento en los precios hace que baje la demanda de manera menos que proporcional », explicó.

El experto mencionó, sin embargo, dos salvedades: «Una, pasar de cero a un precio positivo (el caso de los pensionistas) es una rara avis en el contexto internacional. Dos, la demanda de los individuos de rentas bajas es más sensible a los incrementos de los copagos en comparación con el resto de la población». Por ello, «hay que poner un especial énfasis en pensar de manera inteligente las exenciones y, especialmente, en exigir que la medida adoptada del incremento de los copagos sea evaluada por expertos independientes cuando hayan transcurridos unos meses de su puesta en marcha con objeto de identificar si ha favorecido un uso más racional de los recursos y que no esté perjudicando el acceso a los servicios sanitarios de ciertos grupos de ciudadanos», añadió.

El profesor universitario quiso dejar claro que «ni la edad ni la situación ocupacional (activos vs. jubilados) deberían ser las dimensiones centrales del debate de la financiación de los servicios sino la enfermedad y la renta». Oliva dio un paso más al añadir que « no solo la renta sino el patrimonio debería considerarse como criterio de pago (para lo cual deberíamos recuperar el impuesto sobre el patrimonio)».

Ante las quejas de Pepe, otro de los internautas, que recordaba cómo las grandes fortunas tributan por sociedades mientras «al final el que tiene una nómina es el que repaga», el presidente de la Asociación de Economía para la Salud se mostraba de acuerdo con este planteamiento e instaba a exigir a los políticos una mayor firmeza en la lucha contra el fraude.

Oliva expuso que existe un amplio conjunto de medidas que podrían ponerse en marcha, como establecer criterios claros y transparentes para determinar qué prestaciones deben ser incorporadas o mantenidas en el sistema sanitario, y cuáles han quedado obsoletas y son prescindibles por innecesarias (consideración de criterios coste-efectividad en la financiación selectiva de prestaciones).

También consideró que se debe continuar mejorando la coordinación sanitaria , «entre la asistencia primaria y la especializada, o incluso entre los sistemas sanitario y de servicios sociales». Oliva remarcó además que sin la contribución activa de los profesionales sanitarios en la mejora de la gestión «me temo que las políticas aprobadas exclusivamente vía BOE se verán muy limitadas».

«¿No sería mejor cobrar por cada consulta ?», preguntaba otro internauta al que Oliva respondía «depende de lo que se pretenda. Uso racional o recaudación. Si hablamos de lo primero, ambas fórmulas pueden ser válidas. Cobrar por consulta puede ser más adecuado, puesto que es el usuario el que toma la decisión de realizar la consulta, mientras que es el médico el que determina el número de prescripciones. Si la medida es recaudatoria, el cobrar por consulta supone desarrollar un aparato de recaudación (o una adaptación de las tarjetas sanitarias en tarjetas monedero) que no es trivial en absoluto. En cambio recaudar por receta retirada es sencillo administrativamente hablando».

Mª Nieves Díez Taboada introducía en el debate la fórmula de las monodosis. «¿No cree que una de las mejores formas de ahorro estaría en la prescripción de las pastillas por unidades necesarias para el tratamiento? ¿No cree que los laboratorios farmacéuticos deberían adaptarse al recorte con envases de menos pastillas y abaratar precios?». Oliva recordó que la adecuación de los envases de los medicamentos a la duración estimada del tratamiento «es otra de las medidas anunciadas» aunque «la escasa literatura científica que hay al respecto en España cuestiona que sea una vía para lograr grandes ahorros» .

«¿Con estas reformas se ahorrarán de verdad 7.000 millones de euros?». El experto respondía a Antonio con sinceridad: « Me cuesta mucho ver que con estas medidas se ahorren 7.000 millones de euros. Francamente, como ciudadano querría que cuando mis representantes mencionan estas cifras me permitieran la posibilidad de consultar los informes técnicos que lo avalan: un enlace a la web del ministerio correspondiente y un informe en lenguaje comprensible para el ciudadano y una parte técnica para el especialista. Me parece que en esto (entre otras cosas) consiste la transparencia y la rendición de cuentas de los políticos a la cuidadanía».

Oliva admitió que «en todas las Administraciones hay bolsas de ineficiencia que identificar y sobre las que actuar», pero subrayó que el problema de déficit público «se debe fundamentalmente a la caída de los ingresos públicos, y no a un crecimiento desaforado del gasto».

«Nuestro sistema sanitario no es un sistema más caro que el de otros países de renta similar a la nuestra», finalizó.