Irlanda celebrará un referéndum sobre el aborto en mayo

Esta ley, una de las más restrictivas de Europa y que tiene ya 35 años de vigencia (fue aprobada en 1983) , prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo en todas las situaciones, incluidos los casos de violaciones, incestos o anomalías fetales.

Era el propio Varadkar quien lo anunciaba tras un intenso debate que tuvo lugar en el Consejo de Ministros que duró cuatro horas y en el que se decidió llevar cabo este referéndum que acometerá una de las polémicas más extendidas en los últimos años en Irlanda.

El primer ministro hará, además, campaña para que se legalice el aborto asegurando que la actual legislación le parece «demasiado restrictiva». Varadkar, ex ministro de sanidad y con formación de médico reconoció que miles de mujeres viajaban a otros países para abortar y admitió que este tema es «muy personal y privado, y para la mayoría de nosotros no es un tema en blanco y negro, es gris: el equilibrio entre los derechos de una mujer embarazada y el feto o no nacido».

Solo en el año 2015 y según las cifras de la Sanidad británica, 3.451 mujeres irlandesas acudieron a centros médicos especializados en Inglaterra y Gales para abortar. Si contamos el periodo que se extiende desde el año 1980 hasta ese 2015, la cifra de irlandesas que se han sometido a este proceso en Reino Unido evitando la restrictiva ley impuesta en su país asciende a 165.438.

En 2013 el Gobierno implantó una ley parcial que permite la interrupción del embarazo, pero solo en casos en los que la vida de la madre corre peligro. Todo después de una campaña puesta en marcha tras la muerte de una mujer en un hospital de Galway a la que se le negó abortar mientras tenía lugar un aborto espontáneo.

La preferencia del gobierno irlandés es celebrar el referéndum a fines de mayo, durante el periodo universitario, ya que se espera que la mayoría de los estudiantes apoyen al gobierno en este aspecto. Si la población apoyara la derogación de la Octava Enmienda , su texto se sustituiría por un que habilitaría al Parlamento para legislar en este ámbito.