El Gobierno da un mes a Murcia para quitar el «pin parental» antes de ir a tribunales

El Gobierno envió el viernes un requerimiento al Ejecutivo murciano para instarle a retirar una medida que constituye «una censura previa, que va incluso contra la libertad de cátedra» . A día de hoy no hay respuesta a ese requerimiento y Celaá entiende que el plazo razonable para tomar medidas adicionales como la vía judicial es de un mes.

A día de hoy no hay respuesta a ese requerimiento y Celaá entiende que el plazo razonable para tomar medidas adicionales como la vía judicial es de un mes, aunque ha asegurado que el Gobierno no quiere ir a los tribunales, por lo que ha pedido «sensatez y moderación» al Gobierno de Murcia.

La ministra, que ha comparecido ante los medios antes de que Vox haya anunciado que la Junta de Andalucía (gobernada por PP y Ciudadanos) aplicará también el «pin parental», ha recordado que fue la última reforma educativa, la llamada «ley Wert», impulsada por el entonces Gobierno del PP, la que l imitó la capacidad de decisión de los padres en los consejos escolares.

Ha reprochado además al presidente del PP, Pablo Casado, su «desconocimiento de cómo funciona el sistema educativo» en España y le ha explicado que las actividades extraescolares («obligatorias, complementarias y evaluables») responden al currículo educativo emanado de la vigente «ley Wert» y se deciden en los consejos escolares.

Nunca había ocurrido, ha explicado al ministra, que un grupo político, en referencia a Vox, «quiera cercenar ese currículo» con una «veto parental que es una intrusión en el sistema educativo». También es «una sorpresa que la dirección del PP siga de manera automática y acrítica el discurso de Vox».

«No parece que este sea el caso de Ciudadanos», ha expuesto la ministra y ha confiado por ello en que su presencia en el Gobierno de Murcia desemboque en que se «restaure la situación tal y como estaba antes», con lo que «no habrá necesidad de ir a los tribunales».

Pero ello pasa por que el Ejecutivo murciano «comprenda la gravedad que supone vulnerar el derecho del alumnado a una educación integral» y la autonomía reconocida por ley a los centros educativos para «cerrar en última instancia el currículo de obligado cumplimiento de los alumnos».

«Parece que Ciudadanos está interpretándolo así», ha valorado la Celaá, que ha recordado que «los problemas de la educación española están en otra parte», como en la necesidad de rebajar la tasa de abandono escolar, la digitalización y el refuerzo de la Formación Profesional, entre otras cuestiones.