La futura Ley de Educación de Baleares prevé que el catalán siga siendo la lengua vehicular en los colegios

Por lo tanto, la posible apertura futura hacia una enseñanza realmente bilingüe en el Archipiélago quedará tamizada en principio por ambos textos. Cabe recordar, en ese sentido, que la Ley de Normalización Lingüística defiende el uso de la lengua catalana tanto en las instituciones como en los distintos ámbitos de la sociedad, mientras que el Decreto de Mínimos establece que la lengua vehicular en los colegios públicos y concertados será el catalán. Además, obliga a impartir en catalán al menos el 50% de las clases, sin que esté estipulado un máximo de horas lectivas en dicha lengua.

Teniendo en cuenta todas esas circunstancias, el catalán seguirá siendo la lengua normalmente empleada como vehicular en los colegios de Baleares cuando entre en vigor la Ley de Educación, que será la primera de estas características que tendrá la Comunidad. Dicha norma ha sido promovida por el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol , que en esta legislatura gobierna junto con Unidas Podemos y los ecosoberanistas de MÉS per Mallorca.

Precisamente, los coordinadores salientes de MÉS, Bel Busquets y Guillem Balboa, emitieron este miércoles un duro comunicado en el que, sorpresivamente, criticaron a Armengol, anunciando además que no apoyarán la Ley de Educación «si no contempla el catalán como lengua vehicular» . Busquets y Balboa también lamentaron que en el actual borrador de la ley no se recoja explícitamente que al menos el 50% de las asignaturas se han de impartir en catalán. Sin embargo, como se ha indicado ya, el actual anteproyecto contempla ya que el catalán sea la lengua vehicular habitual en los colegios.

En ese contexto, el consejero de Educación, el socialista Martí March, dio a conocer este miércoles los principales ejes del citado anteproyecto, que aboga por un sistema educativo inclusivo y equitativo, con más vías de participación de la comunidad educativa y más recursos económicos. En el caso concreto de los centros privados concertados, quedarán institucionalizados el régimen de conciertos y las condiciones para la concertación.

«No queremos que sea una ley de ningún partido político, de ningún sindicato, de ninguna entidad. Lo que queremos es que sea una ley en la que los diferentes partidos políticos que después gobiernen en la Comunidad autónoma puedan desarrollar sus propias políticas», destacó March. Asimismo, señaló que la intención de su departamento es que «en un máximo de ocho años» el gasto educativo alcance el 5% del Producto Interior Bruto.

En materia lingüística, March recalcó que «el objetivo es conseguir alumnos competentes en catalán, castellano y un tercer idioma, dentro de una sociedad cada vez más plurilingüe». El anteproyecto se encuentra ya en periodo de exposición pública, que concluirá en febrero del próximo año. En principio, el texto modificado será aprobado por el Govern en septiembre y llegará al Parlamento regional un mes después. La aprobación definitiva tendría lugar en junio de 2021.

Las primeras valoraciones de los partidos con representación en la Cámara balear no fueron ayer positivas. Así, como se ha señalado ya, MÉS expresó su «indignación» con March , a quien además acusó de querer «consensuar la ley con la derecha antes que con sus socios del Govern». Desde la oposición, la portavoz adjunta del PP, Nuria Riera, dijo que el anteproyecto no ha sido consensuado «ni con los socios del Govern ni con la oposición». Por su parte, el portavoz de Cs, Marc Pérez-Ribas, reclamó que la futura ley contemple «la libre elección de lengua». Por último, el portavoz de Vox, Jorge Campos, señaló que su partido agotará «todas las vías, incluso las judiciales, para frenar el adoctrinamiento» en las aulas.