La familia de la niña muerta por un coma etílico sopesa denunciar al Ayuntamiento de San Martín de la Vega

También ignora qué hicieron Laura y sus amigos para comprar alcohol, debido a que son menores de edad. Sin embargo, algunos testigos contaron a este periódico que pudieron habérselo pedido a alguna persona mayor, ya que no había gran dificultad para ello. El regidor, que tiene 32 años, niega que los jóvenes del pueblo tengan por hábito de fin de semana reunirse en la zona para beber, aunque sí lo hacen en otras áreas « ya controladas por la Policía Local », dijo.

Por otra parte, Martínez ha pedido respeto para la familia, que se halla «destrozada». El regidor no quiso profundizar en la búsqueda de responsabilidades tras el suceso. Ayer a mediodía, en una concentración convocada a las puertas del Consistorio en señal de duelo por la niña fallecida, Martínez señaló que la desgracia afecta a todos los vecinos, consternados, y que ahora «no es tiempo de buscar culpables, sino soluciones», y de «trabajar todos unidos», instituciones, comunidad educativa y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, «para que no vuelva a ocurrir».

Por su parte, la concejal de Servicios Sociales de la localidad, Salud Pérez, habló ayer «dos minutos» con el padre de la joven para poner a su disposición toda la ayuda posible.

Según la Asociación de Vecinos del barrio de El Quiñón, donde residen los padres de origen polaco con sus dos hijas, la menor de 12 años y su hermana de 15, las denuncias por las fiestas de muchachos en la zona son cuantiosas . En la zona de El Cerro de San Martín de la Vega aún quedaban estos días restos de botellas e incluso una nevera portátil con botellas vacías dentro.

De acuerdo con las cifras facilitadas por la Consejería de Sanidad de Madrid, no se trata de un problema aislado en la región. De hecho, en los primeros diez meses de este año Emergencias del Summa 112 ha atendido 3.241 llamadas por intoxicación por drogas o alcohol, de las que 594 correspondían a menores de edad.

De estas 594 llamadas, 22 casos eran de menores que fueron atendidos con UVI móvil, es decir, casos especialmente graves, tal como le sucedió a Laura.

El gobierno municipal de Manuela Carmena , para hacer frente a este problema, sacará a las calles a partir de enero de 2017 a un grupo de concienciadores «antibotellón» en zonas donde se lleva a cabo esta práctica, y que costará 400.000 euros a los madrileños.