La falta de acuerdos a largo plazo pasa factura a la Educación española

En términos generales, nuestro rendimiento está por debajo del promedio de la OCDE en comprensión lectora, matemáticas y ciencia . En el informe PISA de 2012, los estudiantes españoles quedaron los cuartos por la cola de todos los países de la OCDE en la evaluación de estas tres áreas cruciales . Como consecuencia de todo esto, nuestro porcentaje de jóvenes que ni estudia ni trabaja, los conocidos como «ni-nis», alcanzan un 20% . una tasa solo superada en los países desarrollados por México, Grecia e Italia.

Tampoco la universidad sale mejor parada. Aunque nuestra producción en cuanto a artículos de investigación publicados es aceptable, a nivel de patentes somos casi insignificantes en el panorama mundial, inexistentes en los Premios Nobel de Física o Química y con apenas tres universidades entre las 200 primeras en los tres principales ranking internacionales que analizan la excelencia académica (Shanghái, Times Higher Education o QS World University Ranking).

A la vista de los datos, tenemos un problema, y muy poca predisposición para abordarlo desde una perspectiva de pacto social. Desde 1970 hemos tenido siete leyes educativas y la actual Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (la primera que consigue aplicar el PP), va solo por su segundo año de implantación. Pero la casi totalidad de los partidos de la oposición ya han anunciado que la derogarán inmediatamente en caso de ganar ellos las elecciones.

Si la entrada en vigor de la Lomce ya fue complicada en el curso 2014-2015, después de las pasadas elecciones autonómicas de mayo, en donde las urnas convirtieron a doce comunidades en opositoras a la nueva ley, el arranque de 2015-2016 estuvo a punto de ser catastrófico. Solo el perfil negociador del nuevo ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo , y las advertencias de sindicatos y asociaciones de padres de la incertidumbre que se estaba generando, consiguieron que el sentido común se impusiera. En pleno mes de agosto, a menos de un mes del comienzo de las clases, los doce consejeros de Educación de las comunidades opuestas a la Lomce leían un manifiesto en el que pedían a Méndez de Vigo paralizar el calendario de implantación de la ley «con todas las garantías jurídicas y preservando el interés superior de los alumnos». Lo que venían a decir es que no habría insumisión pero para no perjudicar a los alumnos.

La decisión del Ministerio de Educación de dejar abierto al debate la definición final de las polémicas evaluaciones externas de Secundaria y Bachillerato , el aumento de la tasa de reposición de los profesores hasta el 100%, la reducción del número de alumnos permitidos en clase y el aumento en más de 200 millones de euros del Presupuesto de Educación, consiguió evitar un caótico inicio de curso.

Con este panorama, no hay responsable educativo que no reconozca que sin un gran pacto educativo que dé estabilidad es imposible avanzar en la buena dirección . Pero los doce consejeros autonómicos de Educación opuestos a la Lomce ya dejaron claro en agosto que «más tarde o más temprano será derogada» la ley. Y con esa permanente espada de Damocles, difícil es poner en práctica un proyecto educativo de largo alcance que motive a profesores y alumnos e implique a las familias.

Es más que evidente que el consenso no es precisamente lo que se impone en el sector educativo español. Aún así, hay puntos en los que una mayoría de sindicatos, asociaciones de padres y expertos coinciden si queremos avanzar hacia un sistema educativo más eficaz. Estas son algunas de las propuestas de CSI-F, ANPE, FSIE, Ceapa, Concapa, Cofapa y el Consejo de la Juventud de España

1 Pacto de Estado en materia educativa

Si no somos capaces de definir un sistema educativo que permanezca inalterable en sus aspectos fundamentales durante al menos 15 años, jamás conseguiremos mejorar nuestros resultados.

2 Desarrollo consensuado de la Lomce

Puede que la Lomce haya tenido una fuerte oposición. Pero dos años después de su entrada en vigor, derogarla puede ser peor. Los expertos prefieren centrarse en determinar qué aspectos pueden ser modificados (como, por ejemplo, las evaluaciones externas de ESO y Bachillerato) y hacerlo bajo un consenso general.

3 Mínimo del 5% del PIB para la Educación

La Educación no es un gasto sino una inversión que debe estar entre el 5 y el 7% del PIB, con al menos el 3% destinado a la Universidad. Esto permitiría alcanzar la gratuidad real de la enseñanza e incluir la concertación del Bachillerato para evitar que los padres tengan que sacar a sus hijos -por falta de recursos- del centro que eligieron para la ESO.

4 Retocar el actual calendario escolar

Nuestros niños son los más felices de la OCDE, dicen las encuestas, pero también los más estresados por los deberes. Sería importante revisar el calendario y la jornada escolar con el objetivo de atender las necesidades del alumnado y sus ritmos de aprendizaje. Reducir la jornada lectiva y profundizar en las tutorías podría ser una opción.

5 Enseñanza obligatoria hasta los 18 años

Es una medida delicada pero que va ganando adhesiones a la vista del insoportable número de «ni-nis» que tenemos. Eso sí, para evitar que fuese peor el remedio que la enfermedad habría que permitir en determinadas condiciones el acceso al mercado laboral a partir de los 16 años, haciéndolo compatible con una formación específica

6 Mejorar la Formación Profesional

Hay que copiar lo que funciona en Europa, como el impulso a la formación profesional para favorecer la aparición de nuevas oportunidades de empleo. Debemos desarrollar al máximo la FP Dual, incentivando fiscalmente a las empresas que se comprometan en ella de modo significativo.

7 Reconocimiento a los profesores

Todos los sindicatos reclaman una ley de la función docente que consiga una carrera profesional atractiva en la que encuentren acomodo los mejores. También es necesario impulsar el papel de los directores de centro.

8 Libertad de elección de centro

Hay que dotar de los mismos recursos humanos y económicos a todos los centros sostenidos con fondos públicos para favorecer la libre elección de los padres y posibilitar el acceso a todos los centros en igualdad de condiciones. Eso propiciaría una mayor implicación de las familias.

9 Conciliar vida familiar y laboral

Ya va siendo hora de arbitrar fórmulas para que las familias y la escuela puedan desarrollar proyectos educativos comunes. Algunas asociaciones han pedido que se regule por ley la obligatoriedad de permitir a los padres ausentarse del trabajo dos horas al trimestre para acudir a tutorías.

10 Acabar con la «racionalización del gasto»

El Real Decreto de racionalización del gasto en el sector educativo de 2012 ha supuesto un esfuerzo extraordinario para todo el sector, que reclama su derogación. Uno de los primeros puntos a cambiar sería el de la sustitución inmediata de todas las bajas del profesorado por interinos, que ahora solo se produce pasados diez días. El PP ya presentó una enmienda para modificarlo pero solo en casos especiales.