España se abre al debate sobre la legalización del cannabis con la izquierda dividida

El jueves pasado se conformó la que es la primera subcomisión en la Cámara Baja centrada en analizar los usos terapéuticos de esta planta, y se ha puesto un plazo de seis meses para acordar y aprobar un informe que dé pie a en una regulación del empleo del cannabis con este fin medicinal. Creada a instancia del PNV, permitirá que durante los próximos meses, los expertos expongan tanto las evidencias científicas que avalan su uso medicinal como las experiencias de otros países del entorno en los que es legal. «Llegamos muy tarde. En España hay pacientes con dolor crónico que necesitan una regulación de urgencia, y al recorrido en el Congreso aún le falta maduración», cuenta a ABC Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español del Cannabis Medicinal. Desde esta organización llevan desde 2015 instando a los partidos a regular su uso, y en 2017 presentaron una proposición no de ley con Ciudadanos en el Congreso que no salió adelante porque el PSOE no le dio mayor recorrido.

En el contexto del XVII Congreso de la Sociedad Española del Dolor (SED), Jesús de Santiago Moraga , coordinador del grupo de trabajo de cannabinoides y especialista de la Unidad del Dolor, cuenta que el 22% de los españoles sufre dolor crónico : «Mucha gente se podría beneficiar de su uso, pero encima, si queremos hacer estudios de investigación sobre su seguridad y eficacia, tiene que estar regulado». Desde la SED, informa, llevan un año intentando sacar adelante un estudio sobre el tratamiento para la ciática, pero no consiguen adelantarlo precisamente por las trabas legales. En este sentido, el anestesista apunta «el miedo y la desinformación» como el principal factor para que cierto sector de la población sea reticente a su implantación. Así, se podría recetar probablemente, en pacientes que han pasado por primera línea de tratamiento (con la literatura médica tradicional) y no les ha funcionado, para que puedan recibir un producto de calidad en la farmacia que cumpla las garantías. Actualmente, en torno a 300.000 personas se aprovechan de la alegalidad y despenalización en la que se encuentra la marihuana en España para cultivar sus propias plantas o incluso las compran a 'camellos', poniendo en riesgo su salud.

El problema que encuentran estos enfermos que reclaman el cannabis como solución para sus dolores es que el debate sobre sus evidencias en la salud se ha mezclado con el registro en el Congreso de tres iniciativas parlamentarias que buscan su legislación integral. «Nos perjudica claramente el hecho de que haya un partido que vuelve a mezclar las cosas», cuenta Pérez en referencia a la propuesta de Más País, que se vota este martes en el Congreso. El partido liderado por Íñigo Errejón aborda en una misma ley tanto el uso medicinal como el recreacional. Las otras dos iniciativas legislativas, que parten de Unidas Podemos y ERC, sí que reconocen dos espacios de debate diferenciados tanto para una como para otra legislación.

Desde Unidas Podemos, Lucía Muñoz expone que « quien tiene la llave ahora es el PSOE », que se ha abierto a debatir sobre la cuestión medicinal en el marco de la subcomisión, pero desde su partido entienden que «hay cuestiones económicas, sociales que se tienen que debatir y quizá el mismo espacio no sería adecuado». En España se calcula que Unos 3,2 millones de personas consumen habitualmente cannabis a pesar de la legislación prohibicionista. «Se nos ha pedido en muchas ocasiones que dividamos el análisis y no mezclemos las cosas, y eso estamos haciendo. No hay problema en que haya diferentes dimensiones para debatir e ir avanzando conjuntamente en diferentes aspectos», añade la diputada.

Uno de los temores que, en cambio, observan desde el Observatorio Europeo del Cultivo y Consumo de Cannabis (OECCC) si se legisla aisladamente, es que se pueda establecer un oligopolio farmacéutico : «Proponer la farmacia como única vía de acceso incrementa el precio tanto para las personas como para el estado y disminuye su accesibilidad», cuenta Hugo Madera , portavoz del organismo. Por ello, piden «una ley lo más amplia y consensuada posible que delimite varias vías de acceso, porque los países que han establecido un oligopolio como Alemania o Portugal ya han comprobado que no funciona por los precios tan altos a los que se está vendiendo».

En cuanto a la proposición de ley que debate en la tarde del martes el pleno del Congreso, la de Más País , al igual que la de Unidas Podemos y la de ERC , establece t res vías de acceso a la planta y sus derivados: a través del autocultivo personal, mediante clubs de cannabis y por un mercado regulado. Lo que difieren las tres es en los límites, como cantidad de plantas a cultivar por persona o club o gramos que se pueden almacenar en cada contexto. El partido de Errejón propone que sean 12 plantas por persona cultivadas en exterior, 3.650 gramos de cogollos o un kilo de extracciones. La propuesta de ERC establece, en cambio, 6 plantas por persona y un acopio anual de 480 gramos. Unidas Podemos limita en 20 metros cúbicos los cultivos en el exterior.

La formación morada, que es el partido que más avanzado y acotado presenta su proyecto, establece el límite personal en la vía pública en 100 gramos de cogollos, 30 de extracciones y 10 de THC –el principal constituyente psicoactivo del cannabis– en otros productos. Mientras, el resto de formaciones remiten al desarrollo legislativo para entrar en estos aspectos concretos, aunque Más País y ERC recalcan en sus textos que el consumo en la vía pública tendría las mismas limitaciones impuestas para el tabaco. Unidas Podemos, en cambio, acota su consumo al ámbito privado y a los clubes sociales de cannabis cooperativos y licenciados. Para todos, los grow shops o clubes de semillas serían los únicos negocios legales que pueden venderlas además de plántulas o pequeñas plantas.

Por otra parte, cada texto establece un límite diferente de THC para considerar si un producto es o no psicoactivo. Más País lo fija en un 0,3%, ERC mantiene el actual del 0,2% y Unidas Podemos lo eleva hasta el 1%. Este es el punto que más controversia genera habitualmente entre quienes defienden la legalización y los que no. Mientras tanto, los consumidores que viven en la alegalidad piden al Gobierno que encare con «una postura valiente» el debate del que el PSOE parece haberse desmarcado para escudarse en la utilización medicinal del cannabis. «El camino es que los partidos negocien entre ellos y con la sociedad civil , y se presente una propuesta lo más consensuada posible», abunda el portavoz de la OECCC.