SOS por Doñana

Sin embargo, ya hay una primera vía judicial abierta en Huelva. Tres años después de que la WWF diera forma de denuncia a una situación que arrastra desde hace años –de la que han venido alertando distintas organizaciones ecologistas- y la pusiera en manos de la Fiscalía central de Medio Ambiente, comienzan a llegar por goteo los primeros juicios por el llamado «robo del agua» a agricultores de la comarca por extracciones ilegales del acuífero 27 y otros de la zona, de los que se nutren Doñana y de los que dependen su fauna y su flora.

En su ultimátum, Europa viene a señalar precisamente la extracción de agua para la industria agrícola intensiva de fresas y frutos rojos como principal amenaza, mientras los regantes del Condado –comarca en la que se ubica el espacio- levantan la voz y se movilizan pidiendo agua superficial para sus campos, y la Administración central y la Junta de Andalucía sacan uñas por su gestión y se lanzan balones.

Desde el Gobierno central, se afirma que el trasvase de la Cuenca del Tinto, Odiel y Piedras  hasta la del Guadalquivir, para que llegue el regadío en superficie será clave para rebajar la presión sobre el acuífero,

De otra parte, un elemento fundamental es el Plan de Regadíos de la Corona Norte de Doñana, dependiente de la Administración autonómica que se aprobó en diciembre de 2014 después de siete años de trámites.

Esta misma semana, el Parlamento andaluz rechazaba su revisión, como reclamaban los regantes del Condado, que alertan de la desaparición del 30% de la superficie actual de cultivo, al considerar que el plan «está mal planteado» y deja fuera de ordenación más de 1.500 hectáreas que generan unos 40.000 empleos en la zona , con «indefensión» de los agricultores.

«Llevamos muchos años advirtiendo sobre la mala gestión del agua en Doñana», ha remarcado desde WWF su secretario general, Juan Carlos del Olmo, quien ha subrayado que la situación de los ecosistemas de Doñana está «al borde del colapso» y «pone en peligro el futuro de la propia agricultura en la zona». Tanto la Confederación del Guadalquivir como la Junta de Andalucía, ha añadido, deben escuchar a la Comisión Europea y resolver de una vez por todas el conflicto del agua en Doñana, por el bien de la naturaleza y de toda la sociedad.

En paralelo a la vía administrativa y sobre el terreno, la investigación que ha desarrollo el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Huelva, bajo la dirección de las fiscalías de Medio Ambiente de Madrid y Huelva, han sacado a la luz 562 pozos ilegales y 146 balsas para riego en el entorno de Doñana.

Así, se ha podido dibujar el mapa real de las captaciones de agua en el entorno del espacio, que se dividió en tres áreas para su rastreo palmo a palmo, desde el Arroyo de la Cañada, Matalagrana y Las Madres-El Fresno.

Los puntos en rojo, según el trabajo de campo desarrollado por la Guardia Civil, se sitúan en los términos de Almonte, Moguer y Lucena, seguidos de lejos por Bonares,

«Doñana plantea una situación muy compleja, porque todos los aspectos vinculados al uso del agua van de la mano», explica a ABC el fiscal de Medio Ambiente de Huelva, Alfredo Flores.

En los últimos años, el Ministerio Público ha intensificado la lucha contra los cambios de uso del suelo en los municipios agrícolas del entorno de Doñana y contra las extracciones ilegales de agua. «Se cambia el uso para aumentar la superficie de cultivo, lo que requiere infraestructuras que resultan dañinas y requieren agua, que se saca del acuífero de Doñana, todo va unido».

En este escenario, parte importante del problema está en la «pasividad» de los ayuntamientos, que «no han hecho nada, ya sea por falta de medios, por razones políticas o porque los que incumplen son sus votantes», señala, ya que en muchos casos los terrenos afectados son fincas de canon municipales.

De hecho, en una de las causas principales que están bajo investigación, la de la finca Matalagrana (Almonte), en la que están implicados unos 16 agricultores, figuran dos ex alcaldes del municipio, Francisco Bella (PSOE) y Jose Antonio Domínguez (PP), que ya han declarado ante el instructor en calidad de investigados como cooperadores necesarios en un supuesto delito contra el medio ambiente. La acusación pública considera que han estado mirando para otro lado.

«La normativa es muy compleja, pero hay que cumplirla», afirma Flores para añadir que «la presión penal está provocando un cambio de actitud en la comarca. Aunque resulta complicado y lento, estamos en el camino». De momento, del rosario de causas que están en tramitación o en los juzgados, hay ya sentencias condenatorias, que llevan parejo el cierre de los pozos y una sanción económica.