Se cumplen diez años de la primera ley de lengua de signos en España

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés , presidió ayer la primera reunión del grupo de trabajo encargado de perfilar la redacción del reglamento que desarrollará la nueva ley, por la que se regularán las medidas de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Concha Díaz, presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), se congratula de esta medida que el Gobierno se había comprometido a abordar y se ha hecho, tras el compromiso verbalizado por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat .

Aunque todavía se está en un primer paso, este nuevo reglamento debe abarcar tanto el subtitulado en los medios de comunicación e industria cinematográfico, así como la implantación de intérpretes en áreas sensibles como las aulas.

Una curiosidad de la lengua de signos es que no se emplea con unanimidad en todo el país. Desde un punto de vista estrictamente lingüístico, la LSE recopila una variedad de lengua de signos empleada en una extensa área central-interior de la Península Ibérica, con derivadas propias en algunas áreas radicadas en Asturias, Aragón, Murcia, áreas de Andalucía Occidental (Sevilla, por ejemplo) y alrededor de la provincia de Burgos. Aunque con semejanza léxica, la lengua de signos catalana (LSC), la lengua de signos valenciana (LSCV), la canaria, ,la gallega y la vasca son especialmente peculiares (entre el 10% y el 30% de diferencia en el uso de los sustantivos). Únicamente la LSC y la LSCV tienen una semejanza léxica por debajo del 75% de media con el resto las variantes españolas, por lo que algunos las consideran lenguas en lugar de dialectos, desarrolladas en sus Estatutos de Autonomía.

En el ámbito legal, por la Ley 27/2007 se consideran «lenguas de signos españolas», todas las variantes empleadas en España, incluso la lengua de signos catalana (LSC).