El Supremo holandés obliga al Estado a reducir un 25% las emisiones en 2020

Los abogados del Estado intentaron defender la capacidad limitada de los gobiernos en una tarea que atañe también a muchos otros agentes de la economía privada y que no se puede responsabilizar solo a Holanda de un problema tan global como el cambio climático, pero la corte dictaminó que esto «no puede liberar a un país de su responsabilidad a la hora de tomar medidas». La Agencia de Evaluación Ambiental de Holanda calcula que, con las actuales políticas, la reducción de gases de efecto invernadero para 2020 será de entre el 20% y el 21%, entre cuatro y cinco puntos menos de lo exigido por la Justicia, por lo que el gobierno se verá obligado a tomar medidas extraordinarias con efectos todavía imprevisibles en la economía y las prestaciones sociales.

«Creo que esta decisión ayudará a que se presenten denuncias en otros países , se acabaron las excusas de los gobiernos para no tomar unas medidas de las que depende el futuro del planeta», dijo la directora de esta plataforma ciudadana, Marjan Minnesma, que señalaba además que «una buena parte de Holanda está bajo el nivel del mar y si continúa subiendo tendremos un serio problema, por lo que los holandeses estamos especialmente sensibilizados ante este problema».

Las organizaciones ecologistas se mostraron también satisfechas. «Las medidas ahora tendrán que ser drásticas por culpa del Gobierno, que debería haber ido actuando progresivamente desde hace años y que ahora tendrá que hacer todo de golpe, porque el primer ministro Rutte no se lo ha tomado en serio durante los últimos cuatro años», fue la reacción de la directora de programas de Greenpeace, Faiza Oulahsen, que apuntaba como las decisiones más urgentes el cierre de las centrales térmicas de carbón y la reducción de la cría industrial de animales.

En junio de 2015, la justicia holandesa ya había sentado un precedente histórico al ordenar al Gobierno que redujera las emisiones y justificar que «si los gobernantes no actúan contra las actividades industriales dañinas, peligrará la vida de la generación actual ».

Aduciendo que los tribunales deben respetar la separación de poderes sin entrometerse en política, el gobierno apeló, pero solo consiguió una sentencia aún más contundente en contra en 2018, que señalaba que los gobernantes «tienen la obligación de proteger a la ciudadanía contra actividades industriales dañinas, y si no actúan, la actual generación verá peligrar su vida». Ahora el Supremo considera de nuevo que la vida y la salud son bienes a preservar por encima de esas consideraciones .

Cumplir con la petición de Urgenda para 2020 precisa, según el ministerio de Economía y Clima, una inversión de miles de millones de euros y posiblemente tendrá que emitir deuda y rehacer los presupuestos generales. También, en Alemania, los tribunales han obligado a golpe de sentencia a varios ayuntamientos a prohibir la circulación de vehículos diésel en algunos tramos del centro de las ciudades, prohibiciones que, sin embargo, no se están cumpliendo. Este mismo mes, coincidiendo con la entrada en vigor de las prohibiciones en Berlín, el sindicato policial emitió un comunicado afirmando que «la policía de Berlín no podría ni en toda su vida hacer cumplir esa norma por falta de medios y efectivos».

El caso de Holanda es el primero, de todas maneras, en que el sentenciado es el gobierno central y en el que la sentencia obliga no a medidas concretas sino a la consecución de determinados objetivos .

El último tramo del proceso ha tenido lugar en medio de una gran presión social. Cientos de activistas medioambientales han invadido las pasadas semanas el aeropuerto de Schiphol, en Amsterdam, para exigir un plan concreto de reducción de emisiones. Unos 150 manifestantes obstaculizaron el paso en uno de los principales puntos de tránsito de la infraestructura aeroportuaria holandesa con pancartas en las que se podía leer «impuestos para los aviones, tomen el tren» o «hay que reducir la aviación».

El gobierno holandés ya ha implementado el programa PAS, que tiene como objetivo disminuir las emisiones contaminantes en todos los sectores de producción y ha anunciado una reducción de los límites de velocidad un 30% en autopista, desde los 130 km/h vigentes hasta los 100 a partir de 2020 , si bien solo se aplicará durante el día y se podrá seguir circulando con la norma anterior entre las 19:00 y las 6:00 horas porque en este intervalo sólo se registra entre el 8 y el 10% del tráfico total del país.

Pero estas medidas no son suficientes para reducir en un 25%el actual nivel de emisiones y el gobierno podría verse ahora obligado a restricciones energéticas para lograr el objetivo.