El Congreso aprueba la ley que prohíbe plásticos de un solo uso y crea dos nuevos impuestos 'verdes'

El texto, que ahora pasará al Senado, ha salido adelante con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV y Mas País-Verdes Equo. El PP se ha abstenido, mientras que Vox, ERC, PdCat y la CUP han votado en contra. No obtante, se han incorporado múltiples enmiendas durante su tramitación, que incluyen el adiós al amianto en las edificaciones, un sistema de retorno de envases a las tiendas e incluso una cobertura legal para que los ayuntamientos prohíban fumar en la playa y multen por ello en base a la contaminación que generan las colillas.

A nivel general, la ley establece que la generación de residuos debe caer en 2025 un 13% y, en 2030, un 15%. Pero, además, la norma recoge, por primera vez, limitaciones específicas a los plásticos de un solo uso. En concreto, el consumo (calculado en peso) deberá caer un 50% en 2026 y un 70% en 2030. Para ello, se aplican medidas muy diferentes. Por ejemplo, bares y restaurantes deberán ofrecer agua gratis para evitar el uso de la embotellada. Se prohíben algunos productos como las pajitas y, en otros casos, se fomentan las alternativas de materiales no plásticos. Para ello, también se empezará a cobrar por su uso, como es el caso de los recipientes de comida para llevar a partir del 1 de enero de 2023.

También se marcan objetivos para la recogida separada de botellas. En 2023, deberían recuperarse el 70% respecto al peso introducido en el mercado; y en 2027, el 85%. Si no se cumplen estos objetivos, el texto contempla que se implante a nivel nacional un sistema de depósito, devolución y retorno de botellas de plástico y otros envases.

Básicamente, consiste en que el productor cobra a sus clientes una cantidad por cada envase y los consumidores finales solo podrán recuperar el dinero si devuelven la botella o la lata a la tienda. «Es un sistema mucho más eficiente que el de los contenedores de colores, ha habido resistencias de ciertos lobbies económicos a que se implante en España, pero hemos conseguido que se implante», aseguró el diputado de Podemos, Pablo Echenique. Otros grupos como Más País-Verdes Equo critican, sin embargo, que la creación de este sistema quede condicionado a que se cumplan los objetivos en años venideros.

La ley creará dos nuevos impuestos ‘verdes’: uno indirecto de 0,45 euros por kilogramo sobre los envases de plástico de un solo uso y un canon nacional de vertido. El primero, ampliamente criticado por el sector ya que supondrá más de 500 millones extra en gravámenes, entrará en vigor el 1 de enero de 2023, después de ser aprobada una enmienda del PP para dar una moratoria de un año a las empresas. El segundo extenderá un impuesto que ya tienen algunas comunidades como CAtaluña al uso de los vertederos, dándole carácter nacional –previsiblemente se transferirá a las comunidades autónomas–, en un intento por suprimir el «turismo» de residuos.

Aunque en un texto anterior al que se ha debatido hoy se hablaba directamente de prohibir fumar en las playas a partir de la entrada en vigor de la ley, la competencia de limpieza de estos espacios recae en los ayuntamientos. Por ello, la ley finalmente contempla que, a partir de la entrada en vigor de la norma, los ayuntamientos «podrán regular las limitaciones de fumar en las playas» para frenar la generación de basura dispersa en el medio marino. La introducción de esta medida parte de una enmienda de Más País-Verdes Equo, aunque la última estrategia antitabaco del Gobierno ya recomendaba a los ayuntamientos impulsar las playas sin humo. Ahora el texto llega incluso a fijar el carácter de las sanciones. Las multas podrán ser de hasta 2.000 euros.

Entre las nuevas medidas que se contemplan para evitar las plásticos desechables, el texto ha incorporado que, a más tardar el 1 de enero de 2023, los comercios minoristas de alimentación con al menos 400 metros cuadrados de superficie deberán destinar como mínimo un 20% de su zona de venta a productos a granel o con envases reutilizables. Además, los establecimientos de alimentación que vendan productos frescos o alimentos cocinados deberán aceptar que los consumidores lleven bolsas, táperes o botellas para llevárselos.

Los ayuntamientos tendrán que elaborar un censo de instalaciones con amianto en el plazo de un año y tendrán que elaborar un calendario de retirada. Los lugares públicos con mayor riesgo para la población por contener amianto deberán estar gestionados antes de 2028.