Un centenar de personalidades urgen al Congreso que detenga la ley de eutanasia

Aglutinados en la plataforma «Los 7.000» , un nutrido grupo de médicos, académicos, empresarios, políticos y representantes de la sociedad civil consideran «improcedente» y una «muestra de gran falta de sensibilidad» que el Congreso tramite esta nueva ley, «cuando el país expresa un duelo inmenso por el gran número de personas que han perdido, y siguen perdiendo la vida por la pandemia» del Covid-19.

Para Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y uno de los firmantes del documento es «absurdo que cuando la gente se está muriendo a raudales, el Gobierno se ponga a hacer hincapié precisamente en ver cómo te matan». El también presidente de la ACdP (Asociación Católica de Propagandistas) señala que la tramitación de este mal llamado «nuevo derecho» pone además en evidencia que «los políticos no están debidamente sincronizados con la sociedad» , ya que mientras el Gobierno trata de legislar sobre cómo pueden morir las personas que necesitan ayuda, la mayor preocupación de los ciudadanos en estos momentos es precisamente la falta de cuidados que sufren los ancianos».

Según recuerda el documento, en torno al 80 por ciento de los fallecidos a causa del virus SARS CoV-2 han sido personas de más de setenta años. «En la mayoría de los casos las muertes han sido debidas a falta de atención hospitalaria y recursos sanitarios, sin la posibilidad siquiera de contar con remedios paliativos, llegándose incluso a la criba por razón de la edad», denuncian. Frente a esta realidad, los firmantes se preguntan si la ley de eutanasia podría convertirse en «una coartada legal» para este tipo de actos.

Para los firmantes del manifiesto, España necesita «leyes que protejan la vida, en especial, la de las personas mayores, que les provean de un trato digno y justo, que asegure la asistencia médica y hospitalaria adecuada». Y por ello, reclaman con «urgencia» un «plan de cuidados paliativos que alcance a toda la población», ya que lo esencial es «eliminar el sufrimiento, no al que sufre».

«Hay que tener en cuenta de que España es uno de los países que tiene los cuidados paliativos menos desarrollados y, por lo tanto, lo que te dan a elegir con la ley de eutanasia es vivir con dolor o morir a manos de un médico», asegura a este periódico Bullón de Mendoza, quien aboga por «acompañar a los enfermos y a sus familiares en su dolor, y hacer que no sufran».

Según el manifiesto, la eutanasia plantea «graves problemas éticos siempre» y «puede dejar secuelas psicoemocionales en los familiares que deciden o consienten esa eutanasia», advierten.

Desde que se aprobó la ley de eutanasia en Holanda hace casi 20 años sólo otros cuatro países en el mundo han seguido su camino: los dos vecinos con quien integra el Benelux, Bélgica y Luxemburgo, y Canadá y Colombia, en América. «La eutanasia forma parte del problema, no de la solución, porque el fin para una vida digna es la conjunción de la compañía solícita y de los pertinentes cuidados paliativos», aseguran.

La proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que sorteó el pasado 10 de septiembre en el Congreso de los Diputados el veto de PP y Vox , propone que la eutanasia sea un derecho ciudadano y una prestación sanitaria más cuando haya un sufrimiento psíquico o físico insoportable. Además plantea que este tipo de fallecimientos se consideren «muerte natural». La futura ley de eutanasia se tramita además de forma exprés como una proposición de ley, una fórmula en la que no es preceptivo someterse al escrutinio de organismos consultivos del Estado, como el Consejo de Estado o el Comité de Bioética.

Entre los firmantes del manifiesto figuran Jaime Mayor Oreja, presidente Federación One of Us; Carlos Centeno , médico especialista en Oncología, Bioética y Medicina Paliativa y director del Servicio de Medicina paliativa de la Clínica Universidad de Navarra; Rosa Visiedo Clavero , rectora Universidad CEU San Pablo; Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera , presidente ACdP y Fundación Universitaria San Pablo CEU y José Luis Corcuera , exministro del Interior.

También se encuentran José Francisco Serrano Oceja , periodista y profesor Universidad CEU San Pablo, Jesús Trillo-Figueroa, abogado del Estado y escritor; Daniel Sada , rector Universidad Francisco de Vitoria; Francisco Vázquez , embajador de España y exalcalde de La Coruña; el empresario Carlos Cremades-Carceller y Alfredo Dagnino , letrado del Consejo de Estado.

Se suman a la lista Álvaro de la Gándara , médico del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, médico experto en Cuidados Paliativos y expresidente SECPAL; Ignacio Sánchez Cámara, catedrático Filosofía del Derecho; Eugenio Nasarre , exsecretario de estado de Educación; Alberto Ruíz-Gallardón , exministro de Justicia; María San Gil , Maria, vicepresidenta Fundación Villacisneros; Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española Asociaciones Provida; Fernando Gamboa , médico internista experto en Cuidados paliativos; Ignacio García Juliá , presidente del Foro de la Familia; el escritor Juan Manuel de Prada y el abogado Josep Duran i Lleida.