La batalla que ha emprendido Apple como paladín de la privacidad con el Gobierno se antoja dura y larga

«Creemos que debemos alzar la voz ante lo que consideramos una extralimitación del Gobierno estadounidense», afirmó el consejero delegado de Apple, Tim Cook , el miércoles en la carta en la que anunció su negativa a facilitar el acceso del Gobierno a un iPhone en el centro de una investigación terrorista.

El iPhone en cuestión fue usado por uno de los autores del tiroteo de diciembre pasado en la ciudad californiana de San Bernardino (EE.UU.), en el que murieron 14 personas.

La juez federal Sheri Pym ordenó el martes a Apple ayudar a los agentes del Buró Federal de Investigación (FBI) a acceder a los datos en el teléfono, y el Departamento de Justicia fue un paso más allá el viernes al presentar una moción para obligar a la empresa tecnológica a que cumpla con lo solicitado por los tribunales. La moción llega antes incluso del plazo límite del 26 de febrero que tiene Apple para responder formalmente a la magistrada Pym.

Se espera que la empresa, con sede en la localidad californiana de Cupertino (California), aduzca en su respuesta que la solicitud del Departamento de Justicia va más allá de las facultades legales del Gobierno.

La determinación oficial muestra lo altas que están las espadas en un caso que ha caldeado el ya polarizado ambiente político en Estados Unidos, y en el que Apple cuenta con el apoyo de otros grandes del sector como Google, Facebook, Twitter y WhatsA pp, así como la simpatía de muchos de sus clientes. Analistas y medios de comunicación advierten, con todo, de que la apuesta entraña sus riesgos.

«El estar en desacuerdo con el Gobierno es arriesgado para Apple y puede traer un torrente de críticas de la opinión pública a la compañía más valiosa del mundo, en momentos en los que su ritmo de crecimiento se ha desacelerado significativamente», alertaba el viernes un artículo publicado por el diario «The New York Times».

En la misma línea, el columnista y experto en tecnología del periódico «The Wall Street Journal», Christopher Mins, calificaba esta semana de «juego peligroso» el pulso de Cook.

«Tim Cook está jugando un juego peligroso con el Gobierno estadounidense y puede desencadenar un proceso judicial que haga peligrar la seguridad de todos nuestros dispositivos móviles», añadía Mins.

En opinión del columnista, que Apple haya convertido en tan visible su negativa a cooperar con el Gobierno podría llevar a los tribunales y al Congreso a tomar una posición más beligerante y adoptar normativas que reviertan las medidas de encriptación implementadas por Google, Apple y otras empresas de Silicon Valley.

Mins va incluso un paso más allá al señalar que lo que en realidad busca Cook es que el Gobierno apruebe ese tipo de leyes para poder argumentar, a continuación, que su actitud y la de Apple en ese terreno son irreprochables.

El Gobierno estadounidense apuntó también el viernes en esa dirección, al indicar que la negativa de la empresa tecnológica a colaborar con las autoridades responde, en realidad, «a su preocupación por su modelo de negocios y la estrategia de márketing de su marca». Las autoridades dicen no querer una llave maestra para acceder a todos los teléfonos, sino simplemente entrar en un único iPhone.

Pero Cook insiste en que eso «no es cierto» y asegura que la técnica que debería de desarrollar para allanar el camino al FBI «podría utilizarse una y otra vez en muchos dispositivos».

Sería, dijo, el equivalente a «una llave maestra capaz de abrir cientos de millones de cerraduras, desde restaurantes y tiendas a casas». «Ninguna persona razonable consideraría que eso es aceptable», remarcó el directivo de Apple.

Los diarios «The New York Times» y «The Washington Post» aplaudieron en sus páginas editoriales la decisión, que ganó también el respaldo de la organización de defensa de los derechos digitales The Electronic Frontier Foundation (EFF) y el exagente de la CIA, Edward Snowden, entre otros.

En el otro lado de la balanza está el aspirante presidencial republicano Donald Trump, que pidió este viernes boicotear los productos de Apple, y legisladores como Richard Burr, el republicano que preside el Comité de Inteligencia del Senado, que planea introducir un proyecto de ley para criminalizar el comportamiento de las empresas que se nieguen a descodificar mensajes cifrados.

Todo apunta a que la batalla que ha decidido librar Apple será dura y larga y podría llegar incluso al Tribunal Supremo .