Baleares pone en marcha la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos para velar por las dos lenguas oficiales

Inicialmente, estaba previsto que dicho ente entrase en funcionamiento en el tramo final de la pasada legislatura, que también presidió Armengol. La idea originaria de crear una Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos partió de la Consejería de Cultura, que entonces dirigía la ecosoberanista Fanny Tur. En aquel momento, se quería que el futuro organismo sirviera de canal para «enmendar» los hechos que fueran objeto de denuncia y para ayudar a «restablecer en la sociedad la normalidad de los usos que corresponden al catalán como lengua oficial».

Por tanto, el propósito inicial de esa iniciativa era atender sobre todo casos de presunta discriminación lingüística que hubieran afectado a personas que se expresan en catalán. Así lo defendían los partidos MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca, apoyos estables de Armengol en el pasado mandat o y también en el actual. De hecho, MÉS per Mallorca es hoy uno de los tres integrantes, junto con el PSOE y Unidas Podemos, del actual Govern.

Cabe recordar que ya en los Presupuestos de la Comunidad de 2018 fue incluida una enmienda de MÉS per Menorca para dotar con 100.000 euros a la hoy finalmente creada Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos. Aquella enmienda fue presentada en 2017 por el entonces diputado de MÉS per Menorca Nel Martí, a raíz de la supuesta discriminación lingüística que habrían sufrido aquel año tres personas , dos a bordo de un avión y una en el interior de un taxi, que se quejaron públicamente de que no se habrían podido expresar libremente en catalán. Con posterioridad, el 29 de noviembre del pasado año, el Govern aprobó finalmente el decreto que permitía la creación de este nuevo organismo.

«Los derechos lingüísticos a los que hace referencia este decreto son los que amparan y protegen el uso de las lenguas oficiales —catalán y castellano— reconocidas por el Estatuto de Autonomía», señalaba el texto aprobado hace un año. Aun así, ese decreto también lamentaba que «muy a menudo» los ciudadanos de Baleares «ven mermadas las posibilidades de emplear el catalán, tanto en el ámbito público como en el privado , y no tienen la oportunidad de escoger hacer cualquier actividad social en esta lengua». Esos «obstáculos disuasivos» serían «múltiples» y estarían «vinculados» al proceso de «minorización lingüística que padece la lengua propia». Por todo ello, se había decidido poner en marcha el nuevo ente, para «crear las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los ciudadanos».

La Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos ha sido encuadrada finalmente en la Consejería de Educación, que dirige el socialista Martí March. En el acto de presentación, que ha tenido lugar este viernes por la tarde, March ha dicho que el nuevo organismo «ayudará a visibilizar el problema que supone que demasiado a menudo los catalanohablantes tengan que renunciar al uso de su lengua, una renuncia que puede resultar incluso dolorosa». Este nuevo ente, que dependerá de la Dirección General de Política Lingüística, ha iniciado su actividad con un equipo técnico conformado por tres personas, en concreto, un director, un asesor jurídico y un auxiliar administrativo. Los tres son funcionarios de la Comunidad autónoma.

La Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos actuará en el ámbito de la Administración autonómica, pero también podrá intervenir en relación a las actuaciones de otras administraciones públicas con sede en Baleares o por las actuaciones de sujetos privados que vulneren los derechos lingüísticos de los ciudadanos de las Islas. En este caso, la función del nuevo ente será interceder entre la persona que presente la reclamación o la sugerencia y la parte que haya originado los hechos.

Algunas de las funciones del nuevo organismo serán recoger y tramitar reclamaciones sobre vulneración de derechos lingüísticos, atender las consultas que se formulen en este ámbito, difundir información, colaborar con los órganos dependientes de la Administración de la Comunidad autónoma que hayan sido objeto de reclamaciones, proponer medidas normativas u ofrecer recursos y asesoramiento a entidades públicas y privadas. La Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos podrá actuar de oficio o a solicitud de cualquier persona física o jurídica.

En ese contexto, el presidente de la Obra Cultural Balear (OCB), Josep de Luis, ha valorado este viernes de forma positiva la puesta en marcha de este nuevo ente. «Se ha de proteger el uso real de las dos lenguas oficiales», ha dicho De Luis, para añadir: «En cualquier caso, no me imagino posibles situaciones en las que se haya podido discriminar a alguien por desear expresarse en castellano». Cabe recordar que la OCB, creada en 1962, fue en el pasado un referente en la recuperación de la lengua y la cultura propia de las Islas, pero a lo largo de la última década ha pasado a ser, esencialmente, una de las principales entidades soberanistas que hay hoy en Baleares.