Baleares copia la «ley Celaá» y margina el castellano, la concertada y la especial

March explicó que durante el periodo de exposición pública fueron presentadas 946 alegaciones al borrador inicial. Además, el texto originario fue debatido con Unidas Podemos y MÉS per Mallorca, que forman parte -junto con el PSOE- del Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol .

Precisamente, los ecosoberanistas isleños consiguieron que March aceptase introducir un nuevo artículo referido al modelo lingüístico, el 133, que recoge que se debe « garantizar el uso de la lengua catalana , propia de las Islas Baleares, como lengua de enseñanza y aprendizaje, al menos, en la mitad del cómputo horario escolar con el objetivo de asegurar el proceso de normalización lingüística». Por si esto fuera poco, el artículo 134 abre la posibilidad de que los centros implementen inmersión lingüística en catalán. «Los centros educativos, para que la lengua catalana propia de las Islas Baleares mantenga la función de referencia y de cohesión social, pueden implementar estrategias educativas de inmersión lingüística». En este sentido, Julián Ruiz-Bravo, secretario y portavoz adjunto de la Asociación «PLIS Educación, por favor» ha denunciado que «el anteproyecto de la Ley de Educación de Baleares pretende dar una cobertura de ley a la ilegal inmersión lingüística y contraría lo dispuesto por la Constitución mediante la interpretación del Tribunal Constitucional en sus sentencias de 1982 y 2010, que obligan a que las lenguas cooficiales sean lengua de enseñanza, lenguas vehiculares»,

Ruiz Bravo destaca como «sintomático» de esa imitación a la Lomloe el hecho de que «el Gobierno balear haya hecho desaparecer la siguiente frase que sí estaba en el anteproyecto expuesto a la consideración pública: “El uso de las lenguas oficiales como lenguas vehiculares de enseñanza”. Es decir, se repite la misma operación de la Lomloe, que incluía en el anteproyecto que el castellano era lengua vehicular y que luego, por presiones nacionalistas, retira el término “ vehicular ”». Ruiz-Bravo señala que aunque formalmente el anteproyecto de ley afirma en el preámbulo que el modelo es de «conjunción lingüística o bilingüismo integrado», solo considera la utilización del castellano como una mera «posibilidad», sin establecer ninguna cuota ni porcentaje de utilización. En cualquier caso, sí reconoce «el derecho de los alumnos a recibir la primera enseñanza en su lengua si es una de las oficiales».

Ruiz Bravo ha denunciado que «teniendo en cuenta que actualmente, con el decreto de mínimos, ya se practica la inmersión linguística en casi todos los centros escolares de Baleares, no hay que ser muy espabilado para asegurar que con esta ley los proyectos lingüísticos seguirán, con más fuerza aún, en la senda de la ilegal inmersión lingüística». Por otro lado, Nuria Riera, diputada y portavoz de Educación del PP en Baleares ha criticado que el Gobierno balear «quiere ser el alumno más disciplinado de la señora Celaá».

Y es que también hay otros cambios con respecto al borrador originario como las referencias a la incorporación a los principios generales de la no confesionalidad o al derecho a recibir la enseñanza de la Religión en las condiciones que se establezcan.

Por lo que respecta a la escuela concertada, el artículo 166 pone como condición para la concertación «escolarizar alumnos con domicilio habitual en el municipio o en la zona educativa en la proporción que determine la conselleria competente en materia de educación y de acuerdo con criterios de programación educativa».

¿Qué significa? Que se prima el criterio de proximidad , es decir, vivir cerca del centro en lugar de primar la elección de los padres. También, como la «ley Celaá», elimina el concierto a los centros de educación diferenciada. Además, el artículo 167 condiciona la aprobación de nuevos conciertos educativos así como la prórroga está supeditada a la escolarización de alumnos en la condiciones que la administración establezca (de la misma zona y que coeduquen).

El texto también margina la educación especial. «Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo escolarizarán preferentemente en los centros ordinarios con los recursos humanos y materiales necesarios, y excepcionalmente en unidades educativas especiales en centros ordinarios , en centros de educación especial o en la modalidad de escolarización combinada, con el fin de garantizar su escolarización en las condiciones más apropiadas».

La nueva ley educativa de Baleares podría aprobarse a finales del próximo año.