El día en que Armengol estuvo a punto de retirar el decreto del catalán

En agosto del pasado año, el Servicio de Salud —en manos del PSOE— había dictado una resolución inicial en la que dispensaba del requisito del conocimiento del catalán a médicos y enfermeros. A las pocas horas de que dicha resolución hubiera sido publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, MÉS obligó al PSOE a retirarla y a aceptar la redacción de un decreto lingüístico en sentido contrario.

Tres meses después, fue presentado a los sindicatos un primer borrador del futuro decreto en la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada el 17 de noviembre. En dicho borrador se establecía que la lengua catalana sería un requisito para auxiliares, enfermeros y médicos que se presentasen a oposiciones. Los auxiliares deberían acreditar el nivel B1 —básico—, mientras que médicos y enfermeros deberían tener el nivel B2 —avanzado— para poder optar a una plaza en la sanidad pública. Ese primer borrador fue aprobado en la mencionada reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad, pese a la oposición frontal del Sindicato Médico de Baleares (Simebal) y el Sindicato de Enfermería (Satse), mayoritarios en el sector.

Simebal y Satse, que querían que el catalán fuese sólo un mérito, anunciaron entonces que impugnarían el mencionado decreto en caso de que el Ejecutivo regional lo aprobase de manera definitiva sin introducir ninguna modificación. Por su parte, los dos principales partidos de la oposición, el PP y Cs, pidieron a Armengol que desistiera de aprobar el decreto. Al mismo tiempo, decenas de médicos y de enfermeros anunciaron su propósito de irse de Baleares por la anunciada exigencia del catalán. Además, en esas fechas nació en Menorca la plataforma cívica Mos Movem, que empezó a movilizarse bajo el lema «Los idiomas no salvan vidas» para expresar su absoluto rechazo al nuevo proyecto lingüístico. Diversas asociaciones de pacientes o entidades como el Círculo Balear —hoy Actúa Baleares— se sumaron a dicho rechazo.

Paralelamente, los responsables del Servicio de Salud de Baleares le comunicaron a Armengol que, tras varios cálculos técnicos y proyecciones estadísticas, habían llegado a la conclusión de que el decreto no se podía aprobar , porque en los términos en que había sido concebido no se garantizaba que se pudieran cubrir todas las plazas de profesionales sanitarios que necesita el Archipiélago. Así pues, más allá de la aparente tranquilidad que intentaba transmitir el Govern, era evidente que la exigencia del catalán iba a suponer un serio problema en la sanidad pública, que inevitablemente acabaría afectando también a los pacientes.

De hecho, desde hace tiempo ese problema ya existe en la Comunidad, incluso con anterioridad a que los ecosoberanistas de MÉS pusieran sobre la mesa la exigencia de contar con un decreto lingüístico. Esa escasez de profesionales hizo que recientemente el Servicio de Salud eximiera del conocimiento del catalán a ocho jefes de servicio del Hospital de Son Espases, ubicado en Palma. Igual había pasado ya en diciembre en otros dos centros, en el Hospital de Can Misses, en Ibiza, cuando el requisito del catalán quedó excluido para poder cubrir ocho plazas en Urgencias, y en el Hospital Mateu Orfila, en Menorca, en donde la exención fue para poder cubrir tres plazas de jefe de servicio. Cabe recordar que ahora aún se está aplicando en el sector sanitario lo establecido en materia lingüística por la Ley de Función Pública, algo más flexible en sus exigencias que el primer borrador del decreto.

Todas las circunstancias citadas determinaron que hace unas semanas el PSOE anunciase a MÉS que ese primer borrador no se iba a aprobar en ningún caso. En ese contexto, los socialistas presentaron a sus socios un segundo borrador, ya muy rebajado a nivel de exigencias lingüísticas. Los ecosoberanistas respondieron indicando que ese segundo texto no les gustaba y que no iban a aceptar ningún cambio con respecto al borrador originario. Ante esa tesitura, Armengol dijo a MÉS que entonces no habría ningún decreto. Por su parte, los ecosoberanistas advirtieron a la presidenta de que esa decisión, de confirmarse, podría tener graves consecuencias en el actual acuerdo de legislatura. Por si ello fuera poco, las discrepancias entre ambos partidos estaban poniendo en serio peligro la prevista convocatoria de oposiciones en la sanidad isleña el próximo verano.

La situación parecía haber llegado a un callejón sin salida cuando, sorpresivamente, MÉS y PSOE anunciaron días atrás que habían llegado a un acuerdo. Finalmente, habría decreto, si bien bastante «descafeinado» con respecto a lo estipulado en el primer borrador. Así, la norma que ahora será aprobada en breve por el Govern permitirá que se pueda presentar a oposiciones cualquier profesional sanitario, aunque no tenga hoy la preceptiva titulación lingüística, que deberá conseguir en un plazo de dos años una vez obtenida la plaza. Además, los médicos y enfermeros sólo deberán tener finalmente un nivel básico de catalán. Si transcurridos los dos años citados ese nuevo funcionario sanitario no pudiera acreditar el nivel B1, no perderá la plaza, pero no podrá participar en procesos de movilidad ni acceder al complemento de carrera profesional.

Tanto el PSOE como MÉS han intentado capitalizar el «éxito» de ese acuerdo. Así, los socialistas defienden que fueron ellos quienes propusieron y consiguieron que MÉS aceptase que el catalán finalmente no fuese un requisito en sentido estricto, mientras que los ecosoberanistas dicen que decidieron ceder en algunos puntos por el bien de la sanidad pública. Aun así, la mayoría de entidades, sindicatos y partidos que se opusieron al primer borrador, se oponen también ahora al segundo. Sólo Satse ha cambiado de posición, motivo por el que dio el «sí» a la nueva versión del decreto en la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada el pasado 9 de febrero.

A poco más de un año para las próximas elecciones autonómicas, todo apunta a que la actual polémica lingüística irá cada vez más en aumento en Baleares, incrementando aún más la actual y creciente división social. Armengol no es doctora, pero sí farmacéutica de profesión y política con una dilatada trayectoria. Por ello, seguro que sabe bien que cada decisión política que se toma tiene siempre, como determinados medicamentos, inevitables efectos secundarios.