El Gobierno mantiene en su puesto al principal investigado en el fraude del Consorcio de Estepa

El principal investigado en esta trama, que habría desviado más de un millón de euros a una empresa pantalla de la que él mismo era propietario junto al jefe de la planta de reciclaje, pudo asistir a esta sesión y escuchar las críticas de los representantes del PP e IU en primera persona gracias al apoyo del Gobierno de España, que el pasado 15 de junio resolvió «incoar expediente disciplinario a José Antonio Mañas, secretario-interventor del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur por los hechos denunciados, por cuanto pudieran ser constitutivos de falta muy grave según lo dispuesto en la normativa básica estatal», pero también decidió «no suspender provisionalmente de funciones» al encausado «a fin de no interferir en el procedimiento judicial que lleva a cabo el juzgado de instrucción número 2 de Estepa». El Ministerio sólo permite a los miembros del Consorcio ofrecer a Mañas otra responsabilidad dentro del organismo, pero en ningún caso expulsarlo, como era la intención de algunos de los alcaldes.

Lo que sí se ha resuelto ya es la suspensión de empleo y sueldo durante seis meses del jefe de la planta, Manuel Ibáñez, socio de Mañas en la empresa investigada y otro de los detenidos en la operación policial llevada a cabo para destapar este fraude. El alcalde de Estepa, el socialista Antonio Jesús Muñoz , solicitó el pasado 21 de mayo esta medida, que finalmente se ha aprobado. Posteriormente, el 18 de junio, solicitó también la suspensión cautelar de todas las funciones del secretario del Consorcio alegando que se trata de una medida de «gran necesidad para la normal actuación de esta institución» teniendo en cuenta «la existencia de indicios razonables, agravados por nuevos hechos desde que se realizó la solicitud». Sin embargo, el Ministerio volvió a denegar esta medida el pasado 3 de julio alegando que no hay «ni tan siquiera cualquier otra medida cautelar que el juzgado hubiera acordado, como por ejemplo, una orden de alejamiento del centro de trabajo o prisión provisional».

Ante esta situación, los alcaldes de Herrera y la Roda (PP) y el de Pruna (andalucista) propusieron ayer la jubilación forzosa de Mañas, que ya tiene 67 años y puede ser invitado por el propio Consorcio a dar por terminada su carrera profesional. Todo esto tuvieron que hacerlo ante el propio afectado, que presidió la junta general ordinaria con naturalidad en una sesión a la que también asistió el alcalde de Casariche, el socialista Basilio Carrión , otro de los investigados en este caso en el que la Udef indaga, bajo las órdenes del juez de instrucción número 2 de Estepa, un posible desfalco de más de un millón de euros en la planta de reciclaje de Matagrande , donde también se investiga un posible delito medioambiental por el enterramiento de toneladas de basura.