La Diputación invertirá el año que viene 63 de cada 100 euros a políticas sociales

El Presupuesto asciende a 430,65 millones de euros , frente a los 424,08 de 2017, con una dotación para gasto no financiero de 275,60 millones -276,01 millones en el vigente- y unos activos financieros de 154,52 millones de euros, lo que suponen 12,7 millones de euros más para el año próximo.

Para 2018 está prevista la amortización de la deuda pendient e con entidades bancarias, con 522.000 euros que saldan préstamos hipotecarios aún pendientes de la Sociedad Sevilla Activa para la construcción de viviendas y de la residencia de estudiantes.

Por otra parte, se consignan unos tres millones de euros para cofinanciación. Con la Unión Europea, para proyectos durante 2018 de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) por más de 462.000 euros; para programas de alumbrado público por más de un millón de euros; y para la instalación de calderas de biomasa en colegios públicos, por cerca de 286.000 euros.

El mandatario provincial ha destacado que «de nuevo, la prioridad es el mantenimiento de las políticas sociales , las que aportan seguridad y bienestar para las personas; de los 275,6 millones de gasto no financiero, dedicamos 174,82 millones a política social, repetimos la fórmula que planteamos desde inicio de este mandato para que 63 de cada 100 euros esté dedicado a la gente».

Para servicios públicos básicos (seguridad y movilidad ciudadana, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente) se han consignado 28.158.512 euros (10,21%).

Para actuaciones de protección y promoción social ( pensiones, servicios sociales y promoción social y fomento del empleo) se destinan 112.614.931 euros (40,86%).

S anidad, educación, cultura y deporte se llevarán 34 millones (12,36%) y para gastos de carácter económico, 31 millones (11,435). El 25% del presupuesto no financiero consolidado irá destinado a gastos de carácter general y para deuda pública, 246.305 euros.

Del Presupuesto consolidado de gastos sobresalen los 124 millones que se llevará el gasto de personal , 1,5 millones más con respecto a 2017; transferencias corrientes con 57 millones; o los 34 millones para gastos en bienes corrientes y servicios.

Villalobos resumió que se trata de un presupuesto que «está con los Ayuntamientos y con las personas, hecho con cautela porque aún no hay una Ley de Presupuestos Generales del Estado , pero en el que hemos aplicado nuestras prioridades para asegurar la tranquilidad de los alcaldes y alcaldesas en la prestación de servicios, y de las personas que conforman toda la provincia, para blindar una vez más el bienestar social».