La Fiscalía pide sacar a Rodríguez Villalobos del caso de 'La Pará' de Ginés

El pasado mes de febrero el caso de 'La Pará' de Gines daba un giro importante. El asunto pasaba de estar focalizado en el Ayuntamiento de Gines y en la hermandad del Rocío de la localidad a la Diputación de Sevilla. El juez Vilaplana llamaba a declarar como investigados a Fernando Rodríguez Villalobos ; Antonio Pradas Torres , que era su antiguo jefe de Gabinete de la Presidencia y ahora es consejero del PSOE en la RTVA; los ex diputados provinciales Manuel González Lora (Hacienda) y Manuel Domínguez Jiménez (Hacienda y Patrimonio), así como el secretario general de la Diputación, Fernando F.F.G.; el interventor general cuando se tramitaron las ayudas, Eduardo L.V.; el vicesecretario general de la Diputación, José Luis R.R.; dos jefes de Servicio, José Ignacio C.S. y Ángela R.R., y el jefe de Relaciones con los Territorios y exalcalde socialista de La Roda, Manuel Silva Joya.

Durante las siguientes semanas el juez fue tomando declaración a este grupo de investigados por la concesión «arbitraria» de subvenciones excepcionales a la feria ‘Una Pará en Gines’ . Villalobos, ante el juez, descargó toda la responsabilidad en los funcionarios que tramitaron las ayudas, cuyas resoluciones llevaban su firma como máximo responsable de la institución provincial.

Su versión contrastbaa con la tesis del magistrado expuesta en el auto en el que los llamaba a declarar, donde sostenía que la concesión de sucesivas ayudas de 6.000 euros al Ayuntamiento de Gines durante los años 2007, 2009, 2010 y de 4.000 euros en 2011, « habría venido determinada por la sola voluntad del presidente de la Diputación », a la vista de las diligencias policiales, periciales y documentales que se han practicado.

Los altos cargos de la Diputación investigados seguían la estrategia de Villalobos y apuntaban a los funcionarios encargados de la tramitación. Sin embargo, la jefa de Servicio del Gabinete de Presidencia , Ángela R.R., aseguró ante el juez que estas ayudas fueron decisión de Presidencia, sin concretar si venía directamente del presidente Fernando Rodríguez Villalobos o de Antonio Pradas, quien fuera jefe de gabinete de éste. Esto es, eran decisiones políticas.

Tras la fase de los interrogatorios, seis de estos acusados solicitaron al juez el sobreseimiento provisional parcial de la causa contra ellos, lo que ha encontrado el respaldo de la Fiscalía. En un escrito recientemente entregado al juzgado, al que ha tenido acceso este periódico, el fiscal del caso no se opone a sacar de la investigación a los diez implicados de la Diputación en este asunto, entre ellos, Rodríguez Villalobos y Pradas.

A pesar de las irregularidades detectadas y puestas de manifiesto por la Intervención General de la Junta de Andalucía en un informe relativo a las siete ayudas concedidas por la Diputación para la celebración de la feria en los años 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 y 2015, el fiscal, en base a las declaraciones de los investigados y la documentación aportada por el Servicio Jurídico de la Diputación Provincial de Sevilla en contestación al informe de la Intervención de la Junta, considera que la actuación de la Diputación, y por ende sus responsables investigados, no excede de la mera ilegalidad o mera contradicción con el Derecho, sujeta al control de los tribunales del orden Contencioso-Administrativo y no Penal, por cuanto la actuación administrativa se podría tildar de ilegal, pero «no de injusta y arbitraria», cualidades imprescindibles para la prevaricación.

De hecho, el fiscal, en su escrito, pide el sobreseimiento de las diligencias para estos diez investigados al no resultar debidamente justificada la perpetración del delito que dio lugar a la formación de la presente causa en relación a las actuaciones de la Diputación, pero deja abierta la puerta a acciones ante la jurisdicción competente (Contencioso-Administrativa), distinta a la penal. La pelota está ahora en el tejado del juez.

En esta causa también están investigados ocho exconcejales de anteriores equipos de gobierno socialistas del Ayuntamiento de Gines, además del actual regidor Romualdo Garrido y su antecesor en el cargo Manuel Camino Payán , ambos del mismo partido. Pero, además, cuatros hermanos mayores del Rocío desde 2007 a 2017. Los delitos a investigar son prevaricación administrativa y urbanística, malversación, fraude y exacciones ilegales, falsedad documental y tráfico de influencias .