El desfalco de Almensilla se perpetró con facturas falsas y el pago de favores

La Unidad de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional ha concluido el análisis de los movimientos de las cuentas de los parcelistas de Almensilla, víctimas de un saqueo millonario que les ha dejado sin dinero, con sus propiedades embargadas y una urbanización (el sector F) a medio hacer.

El informe policial al que ha tenido acceso ABC y que completa las conclusiones previas que se conocieron hace unas semanas señala que la sustracción del dinero de las víctimas se produjo a través «de la facturación ficticia de trabajos cobrados a la junta de compensación y muy posiblemente también a través de facturas realizadas con un sobrecoste al precio originario».

A esa afirmación llegan los investigadores después de estudiar los cargos en las cuentas y el consiguiente contraste con los trabajos realmente ejecutados. En ese cotejo, l a Policía ha detectado notables desfases así como testimonios de empresas que niegan haber prestado servicio en el sector F , a pesar de constar en algunas facturas.

De estas irregularidades contables, los agentes consideran responsables indiciariamente al presidente y tesorero de la junta de compensación (órgano que representa a los parcelistas) durante el periodo investigado: Ismael Perea y Julio Mateos, alias el Dioni . Pero no serían los únicos implicados ya que el saqueo tuvo que contar con el «concierto de voluntades» de otros que lo consintieron. Hay que recordar que en estos momentos hay 16 personas bajo investigación . La Policía descarta así la teoría de que el Dioni fue el único que hizo un mal uso del dinero de las víctimas.

A través de este informe policial, que acaba de recibir la juez del caso, se conoce que el alto cargo de la Junta y secretario de organización del PSOE de Mairena de Aljarafe, Ismael Perea, prestó declaración en sede policial en calidad de investigado.

Ante la Policía reiteró su versión de que los cheques por importe de 301.695 euros que se cargaron en las cuentas a su nombre fueron para cubrir gastos de la urbanización. Unos gastos que debían estar todos contabilizados. Sin embargo, los agentes no han encontrado las pruebas ni nadie se las ha entregado para sostener esa afirmación .

Del estudio de cada uno de los cheques que cobró Perea, la Policía encuentra un descuadre de 156.766,06 euros que no se justifican con ninguna factura o documento. «Un descontrol en la gestión financiera no admisible sólo como imprudente» , señala la UDEF en su informe.

Entre las facturas falsas o infladas que los agentes han descubierto hay algunas que fueron presuntamente cobradas por propietarios del sector F. Uno de ellos, constructor de profesión y dueño de varios terrenos, fue detenido por la Policía Nacional el pasado mes de noviembre, como adelantó en exclusiva ABC .

Esas facturas trataban de simular trabajos que no se ejecutaron pero que sirvieron de moneda de cambio para condonar deudas derivadas de las derramas a las que tenían que hacer frente los parcelistas, señala el informe. Unas obligaciones económicas que sí tenían que asumir otros propietarios.

Pero entonces, ¿dónde fue a parar el dinero de los parcelistas? Los investigadores consideran que el Dioni empleaba las cuentas de los parcelistas para sus fines personales. En una fase inicial de la investigación se descubrió que parte de los fondos los pudo invertir en sus proyectos empresariales y que pudo huir al Caribe cuando se vio atrapado.

En cambio, en cuanto a Ismael Perea «y las personas de su entorno de gestión», la Policía sospecha que pudieron haber empleado los favores que hacían a determinados propietarios, a los que les perdonaban las deudas, «como mecanismo de influencia y poder». Se simulaban trabajos prestados para «compensar otros tipos de servicios, reales o no». La UDEF concluye que la finalidad de «este artificio podría ser obtener «sectores fieles a su modelo de gestión». Un modelo que recuerda al clientelismo político.

Los 600 afectados, que soñaron años atrás con la urbanización de los terrenos donde se ubican sus parcelas, en el demandado Aljarafe sevillano, intuían desde el primer momento que el saqueo de sus cuentas no era obra sólo del Dioni .

Un grupo de vecinos denunció a toda la junta directiva en 2015. Después, el presidente, Francisco Carvajal, acudía también a los juzgados pero señalando exclusivamente a Julio Mateos como responsable de la pérdida de casi cuatro millones de euros. Desde entonces ha defendido siempre que habían sido víctima de un tesorero ambicioso.

Sin embargo, la Policía Nacional no les exonera de culpas e incluso le reprocha a la actual directiva de la junta de compensación (presidente y secretario) que no tuvieran una actitud más colaboradora a pesar de que denunciaron a su tesorero en 2015. «No se entiende verdaderamente», se lamentan los investigadores, que sólo pudieron acceder a la contabilidad del sector F un año después de las denuncias presentadas en los juzgados y porque fue «requerida por parte de la autoridad judicial». Una documentación que ha sido clave para desentrañar un caso que había llegado a los juzgados como la historia de las presuntas fechorías de un imitador del archiconocido Dioni.