La fiscal del desfalco de Almensilla señala al socialista Ismael Perea, alto cargo de la Junta de Andalucía

Perea fue concejal en el Ayuntamiento de Almensilla y ejerció de presidente de la junta de compensación (órgano que representa a los parcelistas) entre los años 2009 y 2013. Por el cargo que ostentaba tuvo acceso a las cuentas donde los propietarios iban entregando cantidades para sufragar los trabajos de urbanización de los terrenos donde se enclavan sus parcelas, el llamado sector F. Unas aportaciones que fueron esquilmadas sin que se ejecutaran las obras previstas.

Sobre este desfalco y la presunta participación de Ismael Perea, la fiscal señala en su escrito que para acceder a los fondos de los parcelistas se necesitaba la firma mancomunada del presidente y del tesorero de la junta. El responsable de las finanzas era Julio Mateos , el llamado Dioni de Almensilla y único investigado que está en prisión por esta causa. Durante el mandato del ahora alto cargo de la Junta se cargaron a las cuentas de los parcelistas «importantes sumas de dinero en cheques sin justificar ; de hecho, el propio Ismael Perea consta que ha cobrado cheques de la junta a título personal, más de 300.000 euros».

La representante del Ministerio Público se apoya en el informe preliminar de la UDEF que analizó la salida de dinero a través de cheques bancarios para subrayar que además de los 300.000 euros que se movieron a nombre de Perea, «se cargaron dos cheques de elevado importe sin que tales gastos consten justificados, ni siquiera localizados ni identificados».

En agosto de 2009 hay un cargo de 350.000 euros y en febrero de 2010 otro de 200.000 euros. En total, 550.000 euros que hasta la fecha los investigadores no localizan y que se habrían perdido presuntamente con Ismael Perea al frente del órgano que debe defender los intereses de 600 familias.

En el escrito que remitió a los medios, Perea defendía que los 300.000 euros que salieron de la cuenta a su nombre tuvieron como destino el pago de gastos durante su mandato y que fueron correctamente contabilizados. No se pronunció sobre los otros 550.000 euros que ahora apunta la Fiscalía.

Este alto cargo de la Junta, conocido también por su faceta como tuitero de Susana Díaz, tendrá la oportunidad de aclarar ante la juez instructora estas diferencias entre su versión y el resultado de la investigación realizada hasta la fecha. La fiscal ha solicitado que se le tome declaración como investigado . Ya fue citado en 2015, pero entonces se acogió a su derecho a no declarar.

La fiscal del caso se ha pronunciado por primera vez sobre los primeros indicios de cómo pudo ejecutarse el desfalco de Almensilla. Sobre la apropiación indebida, el Ministerio Público también considera presunto autor de un delito en su modalidad de distracción a Julio Mateos , quien en calidad de tesorero podía disponer de los fondos que iban aportando las víctimas. En concreto, la fiscal señala 2,1 millones de euros sin justificar que cobró él personalmente; otra parte fue a parar a su asesoría o se desconoce su destino final. En concreto hay 800.000 euros «en cheques no localizados cuya emisión él mismo (Julio Mateos) autorizó con su firma».

La fuga al Caribe del Dioni de Almensilla , tras admitir que se había quedado con dinero de las familias, le dio notoriedad al caso y centró todas las sospechas en su persona. Sin embargo, el avance de la instrucción ha ido arrastrando a más personas; algo que han denunciando hasta la saciedad las víctimas. Están convencidos de que Julio Mateos no es el único responsable del desfalco .

En total, la fiscal señala a 15 personas como sospechosas, de las cuales hay dos exalcaldes de Almensilla, Carlos Ufano (PSOE) y José Carlos López Romero (IU) ; si bien fuentes del caso señalan que la denuncia de los vecinos incluye a una persona más que consta en las actuaciones como investigada y que se trata del presidente de la junta que antecedió a Ismael Perea. En total, la investigación salpica ya a 16 personas.

El caso está creciendo. Acumula siete tomos y tiene dimensiones de macrocausa; por lo que la Fiscalía ha pedido que se autorice una prórroga de 18 meses para seguir investigando .

De esa lista de investigados hay dos nuevas incorporaciones: la administradora única del despacho Torrens Abogados, que llevaba los servicios jurídicos del sector F y una administrativa que trabajó para Julio Mateos y que declaró como testigo. Admitió que había emitido facturas falsas por orden de su jefe .

En un segundo nivel, como presuntos autores de administración desleal y delitos societarios, está el resto de investigados conocidos como los integrantes de la actual directiva de la junta que han renovado en sus cargos recientemente. La Fiscalía ha pedido que todos ellos vuelvan a comparecer en sede judicial para poder interrogarlos.