La juez Núñez abre juicio oral contra el alcalde socialista de Valencina por un delito urbanístico

Este nuevo paso judicial al que se expone el regidor, quien se encuentra de baja médica desde hace un año, podría suponer su salida de la vida política ante las próximas elecciones municipales, puesto que el Código Ético del PSOE establece en su punto 5.2 que «cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido».

Hay que recordar que el PSOE-Sevilla aún no ha anunciado que Suárez sea el candidato del partido en este municipio de la comarca del Aljarafe de cara a las comicios del 28 de mayo, por lo que podría anunciar a uno nuevo a raíz de esta apertura oral.

Según ha podido conocer ABC, es la juez María Núñez Bolaños, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la que ha citado al alcalde de Valencina para la apertura oral por este delito urbanístico donde la acusación particular le solicita tres años de prisión, una multa de 20 meses a razón de 50 euros diarios e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo por 13 años.

Por su parte, la Fiscalía le solicita dos años de cárcel, multa de 15 meses con cuotas diarias de ocho euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y pena de inhabilitación especial para cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de doce años y el pago de las costas.

En 2007, se inició la construcción de una nave de ladrillo y una casa de madera en una zona de Valencina que está especialmente protegida por la forma singular del terreno (valor paisajístico) al formar parte de un escarpe que rodea el núcleo urbano. Además, el terreno está calificado como zona arqueológica.

Según detalla la denuncia, ese mismo año, el Ayuntamiento abrió un expediente de restauración de la legalidad. Sin embargo, en ese mismo terreno y tan sólo un año después, el promotor de un negocio de hostelería, clave en este caso, inició las obras para construir lo que sería un salón de celebraciones «sin gozar de licencia de obras ni licencia de actividad», señala la Fiscalía en su escrito, subrayando que esa ilegalidad se mantuvo hasta el año pasado, cuando el Seprona inició una investigación para aclarar qué ocurría con aquel negocio levantado sobre suelo no autorizado y sin permisos, que a pesar de acumular denuncias, seguía funcionando.

Según confirman fuentes municipales, este empresario es hermano de un antiguo concejal del PSOE, que formaba parte de la Corporación cuando se iniciaron las obras. La denuncia detalla que el negocio se edificó además sobre una parcelación ilegal que no cumplía con los requisitos exigidos en el planeamiento urbano.

En 2008, el Consistorio abrió un nuevo expediente sobre legalización de obras sin licencia que se cierra en 2012, cuando el arquitecto municipal -fallecido el año pasado- certifica que el suelo ha sido restituido a su estado original; es decir, que el empresario había tirado la construcción ilegal. Sin embargo, un año después la Policía Local denunció ante el Ayuntamiento que se estaban ejecutando obras en el restaurante a pesar de no contar con ningún permiso y que el establecimiento seguía operativo. Los agentes dejaban así en evidencia el informe que había elevado el arquitecto municipal, a quien le reprocha la Fiscalía el haber tratado de engañarlos. La denuncia no va dirigida contra este técnico municipal porque ya han prescrito los posibles delitos en los que pudo haber incurrido, aclara el Ministerio Público.

El alcalde dictó nuevas resoluciones contra el empresario, «que ignoró completamente» la orden de paralización. Pero pasaban los años y la actividad seguía funcionando. La Fiscalía apunta a la falta de ejecución por parte del Consistorio para explicar lo ocurrido. «Pese al dictado de estas resoluciones de alcaldía, no fue emitido oficio alguno a los organismos correspondientes para materializar lo que se acordaba en las mismas; por lo que simplemente se cubrió formalmente el expediente sin dotarlo de virtualidad o efecto alguno».

El Ministerio Público denuncia que el Ayuntamiento se garantizó que en 2013 no interviniera la Justicia gracias a un informe del arquitecto municipal que falseaba la realidad.

La Fiscalía ya intervino en este caso en 2013, a raíz de la denuncia presentada por el concejal de la formación local Mayoría Democrática, que les trasladó los informes que había levantado la Policía Local. Las diligencias iniciadas por el Ministerio Público se archivaron porque el arquitecto municipal informó que al Ayuntamiento sólo le constaban las obras ilegales que habían sido denunciadas en 2009, las cuales habían sido paralizadas en su día. «Con ello se hacía incurrir a la Fiscalía en el error de dar por verídica la inexistencia de actividad alguna, y dado que en esa fecha la prescripción de este delito era de tres años, el fiscal, basándose en el informe, archivó las diligencias», reconoce el Ministerio Público en su escrito de denuncia.

El Ministerio Público responsabiliza al alcalde, que además es delegado de Urbanismo, de haber garantizado que no interviniera la Justicia cuando en 2013 se informó erróneamente a la Fiscalía. Le achaca que el Ayuntamiento no comunicara nunca ni al juzgado ni al Ministerio Público que se estaban cometiendo delitos contra la ordenación del territorio sobre suelo especialmente protegido y que desde 2014, hace ya siete años, no hay ninguna actividad sancionadora para tratar de frenar una actividad ilegal que siguió funcionando sin licencias y de forma interrumpida hasta 2020, cuando el Seprona inició una investigación más profundamente. Tras más de una década de advertencias, el arquitecto municipal, que sigue ejerciendo como tal, aseguró ante los agentes del Seprona que lo interrogaron a finales del año pasado, que seguía sin tener conocimiento de las obras.

Un recorrido judicial que ha acabado con el último paso, que es la apertura del juicio oral contra el alcalde de Valencina de la Concepción que, agravado por su baja médica, hace que tenga sus días contados en la vida política municipal como si, se presume, el PSOE de Sevilla le obliga a cumplir con el punto 5.2 del Código Ético presentando su dimisión.