La alcaldesa de Espartinas avisa de «bulos» en la denuncia anónima de los contratos investigados

En concreto, fue el martes de esta semana cuando el Ayuntamiento, gobernado por mayoría absoluta por la socialista Cristina Los Arcos, celebraba una sesión plenaria extraordinaria a instancias del PP y de Vox, para abordar este asunto.

La sesión se prolongó durante poco más de media hora, pero fue tiempo suficiente para que quedasen de relieve las enconadas posturas políticas en cuanto al caso, que ha marcado el devenir reciente del Ayuntamiento.

Las diligencias de investigación, al detalle, abordan una supuesta trama destinada a favorecer presuntamente a determinadas empresas a través de contratos menores promovidos por el Ayuntamiento de Espartinas, un tipo de contratación que por su envergadura y cuantía, no requiere de procedimiento de licitación pública, o sea concurso abierto.

En ese marco, el actual concejal de Obras, el socialista Filomeno Carmona, figuraría como investigado tanto por su papel como responsable municipal, como por su rol previo de empresario del sector de la construcción al ser administrador de la empresa Excavaciones y Obras Filo SL, a la cual el Ayuntamiento habría encomendado supuestamente contratos menores, antes del desembarco de este hombre en el Gobierno local.

Este pleno extraordinario se celebraba, por cierto, después de que el pasado 14 de octubre, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Sanlúcar la Mayor comenzase la tanda de declaraciones promovida sobre el asunto, con la comparecencia de Filomeno Carmona y otros tres investigados.

En este marco, el pleno comenzó con la intervención del portavoz de Con Andalucía, José María Calado, de IU, toda vez que según el PP, entre los 13 investigados figurarían no sólo tres concejales socialistas del actual mandato, sino dos exconcejales del anterior periodo correspondientes al PSOE e IU, que gobernaban entonces en coalición. Entre los restantes investigados figurarían de otro lado funcionarios públicos del Ayuntamiento.

El portavoz de la coalición de izquierdas defendía así que los contratos investigados fueron tramitados «conforme a la Ley de contratos del sector público», con la «decisión política» del edil competente pero con la participación y supervisión de «técnicos, funcionarios, Secretaría e Intervención» del Ayuntamiento. Incluso a la hora de las invitaciones a las empresas para participar en estas contrataciones menores, según Calado, fueron «superados» los requisitos mínimos legales al cosechar hasta «cuatro o cinco propuestas».

Y si entre las propuestas y adjudicaciones figuran «muchísimas empresas locales», según precisaba, es porque «se intenta fomentar la actividad local, sin privilegios ni ventajas» pero teniendo en cuenta a las sociedades pertenecientes al propio municipio.

Así, Calado reprochaba al PP y Vox que pretendan promover «ruido» con el asunto, cuando además el caso deriva de una de las aproximadamente 30 «denuncias anónimas, todas archivadas», con la particularidad de que esta ha sido reabierta por el Juzgado número cuatro de Sanlúcar «coincidiendo con que hay una jueza de nueva incorporación».

El portavoz de Vox, Rafael García, negaba cualquier «persecución política», desgranando que según el atestado inicial de la Guardia Civil, se investigaría una serie de contratos menores en favor de las empresas Excavaciones y Obras Filo S.L., Jardinerías del Sur 2016 y Hábitat Servicios Sostenibles, con un importe global de unos 400.000 euros. El «modus operandi» descrito por los agentes, según García, sería el fraccionamiento de los trabajos para eludir la licitación en concurso público y recurrir a contratos menores para los cuales eran «seleccionados los mismos proveedores, ligados a responsable municipales, con ofertas de relleno» supuestamente para aparentar concurrencia.

De este modo, García proponía suspender de funciones gubernativas a los ediles investigados, crear una comisión, reforzar la supervisión de las contrataciones y ceses y dimisiones en caso de que el avance de la investigación confirmase los presuntos delitos investigados.

La popular María Elena Romero, por su parte, lanzaba toda una batería de preguntas reclamando aclaraciones a la alcaldesa, avisando de que la propia Guardia Civil atribuye al actual edil socialista de Obras un «fraude de libro». Así, avisaba de que la investigación podría abarcar contratos por valor de un millón de euros y solicitaba información de cuántos contratos menores han sido adjudicados a empresas relacionadas con concejales o funcionarios, si fueron admitidos «presupuestos falsos» en estas contrataciones menores o si han sido adoptadas medidas ante el asunto, por ejemplo en materia de «transparencia inmediata».

Así, señalaba por ejemplo un presupuesto «sólo con nombre y apellido» de Félix Carmona, preguntando por su posible relación con Filomeno Carmona, así como la solicitud de presupuesto a la empresa de Filomeno y adjudicaciones a una sociedad ligada al marido de una familiar de este último, según la portavoz popular.

Y especialmente, la portavoz del PP opinaba que el Gobierno local del PSOE podría estar trasladando sin pruebas que la autoría de las mencionadas denuncias anónimas recaería en el exalcalde popular Domingo Salado, quien en 2018 abandonaba las filas del PP para fundar un partido independiente, por discrepancias con la designación de Romero como candidata; si bien en 2023 Salado se reconciliaba con el PP.

Es más, Romero recriminaba al Gobierno local del PSOE que en su momento mantuviese la acusación del Ayuntamiento contra Domingo Salado en el procedimiento judicial por las adjudicaciones municipales a la sociedad limitada Da Fra, juicio resuelto con la absolución del ex primer edil.

Por el PSOE, la concejala Marina Duarte defendía la «rotunda legalidad» de las contrataciones indagadas y acusaba a PP y Vox de intentar promover «un show»; con el aviso de que la denuncia por presunto acoso anunciada por el Gobierno local ante la treintena de denuncias anónimas recibidas acabará revelando la autoría de estas acusaciones «cobardes que no han desmontado la honradez» de los concejales, funcionarios y empresarios de la localidad.

Abundaba sobre tales aspectos la alcaldesa, encargada de cerrar el pleno, asegurando que las mencionadas denuncias anónimas están cargadas de «bulos» como los ya difundidos anteriormente por el PP y Vox en otras ocasiones, según ha considerado. «Nadie debe ser juzgado antes de tiempo ni señalado por el simple hecho de estar investigado», aseveraba, llamando a no establecer «juicios paralelos» y a no dejarse llevar por el «ruido». 

Las citadas denuncias anónimas, hasta 30 según insistía, no tienen otro objetivo que «paralizar» la acción de gobierno, lo que ha llevado a defender su gestión para la «transformación» de este municipio con aspectos como los enlaces a las autovías A-49 y SE-40, entre otras medidas que enumeraba.