La Fiscalía denuncia a tres ediles de Tomares por prevaricación y malversación

Los otros dos concejales implicados son la exdelegada de Medio Ambiente y actual responsable de Cultura, Mercedes Fuente , y el actual delegado de Medio Ambiente, Juan Campos , precisamente por presuntas irregularidades en la contratación de éste último durante el anterior mandado para la elaboración de una serie de informes, ha informado hoy el Partido Andalucista en un comunicado.

Ha explicado que la Fiscalía, tras la denuncia de PA e IU, ordenó a la Policía Judicial la práctica de diligencias para verificar los hechos y, «llegados al punto de que se concretan posibles hechos de relevancia penal », entiende que debe interponerse la denuncia penal «a fin de que se siga el procedimiento judicial pertinente, en cuyo seno tomar las declaraciones judiciales procedentes en calidad de imputados, con plenas garantías y eficacia procesal».

El portavoz del PA, Alberto Mercado , ha exigido al alcalde, José Luis Sanz (PP), que «dé la cara y las pertinentes explicaciones sobre lo que ocultan las facturas de Tomares» y ha señalado que ahora se entienden sus prisas «por salir corriendo del Ayuntamiento y ser candidato a la Junta» por el PP-A.

Por su parte, el Ayuntamiento de Tomares ha expresado en un comunicado su « máximo respeto por la independencia judicial » y ha asegurado que no tienen conocimiento de las actuaciones por no haber declarado aún ante la Fiscalía, aunque su interés es « colaborar al máximo en cualquier investigación y en defensa de la legalidad».

Ha rechazado las acusaciones y ha destacado la existencia «de cuantos actos de control y aprobación son necesarios» por parte de la Intervención Municipal a cargo de funcionarios técnicos « habilitados e independientes ». Ha añadido que la investigación se refiere «a un contrato menor de servicios respecto del que existe un expediente íntegro », con los antecedentes documentales necesarios como propuesta de servicio, tramitación y aprobación de la misma, «así como todos los actos y documentos necesarios para la aprobación del gasto».

Ha afirmado que el Ayuntamiento se personará en la investigación y actuará «contra quienes hayan podido realizar cualquier acto de defraudación que perjudique al mismo, reservándose todas las acciones judiciales». Asimismo, ha recalcado que la denuncia se fundamenta con las declaraciones de dos concejales de la oposición y de dos exconcejales del PP, por lo que se trata «de adversarios políticos» o personas que fueron «excluidos» de las listas municipales y «sus testimonios deben ser relativizados».