El pico de la curva de casos derivados del amianto se prevé que pase en 2023

Las previsiones sobre la incidencia de casos en España se estima teniendo en cuenta los episodios que se han ido declarando y cuando tuvieron una exposición permanente al amianto. El principal obstáculo a la hora de hacer estos cálculos, es que la enfermedad tarda en dar la cara.

En el conjunto del Estado español, entre los años 1994 y 2008 el número de fallecimientos vinculados directamente al amianto fue de 3.943. En el prólogo de la Ley 21/2022 se estima que entre los años 2003 y 2009 podrían haberse producido 7.154 casos sujetos a indemnización. Pero estas cifras dependen directamente del grado de reconocimiento. Muchos trabajadores expuestos al amianto han tenido que litigar para que se admita que su dolencia está vinculada a esta componente del fibrocemento. Poco a poco la Justicia ha ido ampliado el radio de afectados incluyendo, por ejemplo, a las parejas de esos trabajadores que acabaron desarrollando una enfermedad por un contacto menos agresivo pero continuo ante el amianto, por ejemplo, cuando lavaban las prendas de trabajo. Estas mujeres entrarían en el colectivo de afectados en el ámbito doméstico.

Otro de los grupos que también reconoce este fondo de compensación son las personas que han desarrollado una enfermedad por una exposición ambiental. Éste sería el caso de los vecinos de la Cruz de la Marchenilla que desarrollaran algún tipo de dolencia relacionada con el amianto. Su portavoz, Antonio Jimeno, admite que tiene bastante preocupación en este sentido por cómo se puede presentar el futuro. «La asociación de afectados Avida ya nos explicó en su día que los síntomas pueden empezar a aparecer con varios años de diferencia. Tienes la sensación de que tienes una especie de espada de Damocles que puede caerte encima en cualquier momento».

Ya en 2019 la Audiencia de Madrid sentenció a la antigua Uralita a indemnizar con 3,5 millones a 14 vecinos de Cerdanyola del Vallès y Ripollet (Barcelona), que resultaron afectados por vivir con trabajadores de la fábrica o por residir cerca de ella. Todo un precedente para el colectivo de Alcalá. En 2021, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo avalaba el derecho de los vecinos a ser indemnizados en su condición de pasivos ambientales por las enfermedades que desarrollaron ellos o sus familias.