El registro judicial de Abengoa dificulta su venta y el rescate de la SEPI

Hay tres ministerios implicados en el rescate de Abengoa: Hacienda, Industria y Asuntos Económicos. El Gobierno central, que ha apostado hasta ahora por Abengoa, no se ha pronunciado este martes acerca del registro de la multinacional por orden de la Audiencia Nacional. Pero lo que está claro es que l a imagen de la Guardia Civil registrando la sede de Abengoa ha sido un auténtico mazazo para la multinacional , precisamente cuando su filial Abenewco 1 ha pedido a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, 249 millones de euros a cuenta del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

La SEPI, a cuya presidencia acaba de llegar Belén Gualda, estudia si inyecta ese balón de oxígeno una empresa que está siendo investigada en la Audiencia Nacional por estafa a los inversores, ya que se trata de una sociedad cotizada, y que ha tenido que negociar un aplazamiento de pago con proveedores y bonistas a los que debe 323 y 169 millones de euros, respectivamente.

Pero el rescate de la multinacional depende también del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo -cuya titular es Reyes Maroto- y el de Asuntos Económicos -dirigido por Nadia Calviño-. Abengoa pidió al CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación) -dependiente de Industria- 300 millones de euros en avales y al ICO -dependiente de Asuntos Económicos- el aval del 70% de créditos bancarios por 230 millones.

Además, la nueva situación podría echar también para atrás a los bancos que se habían comprometido a dar 230 millones de euros en créditos a Abengoa con el aval del ICO. Se trata del Santander, BBVA, CaixaBank y Bankinter.

Por otra parte, las dos ofertas que ha recibido Abengoa para comprar el 70% de su filial Abenewco 1 -la joya de la corona por concentrar el negocio de la multinacional- están supeditadas a que la SEPI ponga los 249 millones de euros sobre la mesa. La propuesta del fondo estadounidense TerraMar Capital, especializado en empresas en bancarrota, no ha sido bienvenido por la SEPI, toda vez que sería inyectar capital público para que la empresa dejara de ser español.

TerraMar Capial está dispuesta a prestar 150 millones de euros a Abenewco1 y a inyectarle 50 millones como aportación de capital para quedarse con el 70% del capital social. Dicha oferta de financiación e inversión está condicionada a que los bancos le presten 230 millones con el aval del ICO y que el CESCE garantice 300 millones de euros en avales. Esta oferta ha sido negociado durante las últimas semanas por el actual consejo de Abengoa, presidido por Juan Pablo López-Bravo.

La segunda oferta ha sido presentada por el Grupo Caabsa, de los empresarios mexicanos Luis Fernando y Julio Mauricio Martín Amodio (socios de OHL), EPI Holding/Ultramar Energy y la sindicatura de accionistas AbengoaShares. Precisamente, este lunes los Amodio se han reunido con López-Bravo para presentarle la oferta y ya ha comenzado el proceso de due diligence a través del bufete de abogados Pérez-Llorca.

Caabsa y EPI-Holding se comprometen a inyectar 35 millones de euros de financiación directa a Abenewco1 y 50 millones de euros en avales . Además, los accionistas minoritarios de Abengoa inyectarán 25 millones de euros mediante una ampliación de capital en la que las acciones clase A, clase B y los warrants A y B generarán derechos de suscripción preferente sobre acciones de Abenewco1. Otros 25 millones de euros serán aportados por el Grupo Caabsa y EPI Holding/Ultramar Energy. Con esa aportación de 50 millones de euros los accionistas de AbengoaShares, Caabsa y EPI Holding/Ultramar Energy pretenden quedarse también con el 70% del capital social.

A ello hay que sumar que la matriz de Abengoa está en concurso de acreedores y dependerá del informe que haga el adminitrador concursal, cuya función ejerce EY Abogados, para saber si finalmente arrastrará a sus filiales, que concentran una deuda de 6.000 millones de euros.