El registro de la sede de Abengoa se produce en medio de un cruce de querellas

La querella contra Felipe Benjumea y el entonces CEO de Abengoa, Manuel Sánchez Ortega, por presunta falsedad documental y estafa a los inversores se remonta a 2015 y fue presentada por una Plataforma de Accionistas Afectados de Abengoa, representada por el bufete Ius+Aequitas . Uno de los accionistas era Íñigo Mac-Crohon, que actualmente trabaja como «asset managemente» (gestión del patrimonio o de activos) en Santander, entidad financiera que abortó la operación de ampliación de capital por 650 millones de euros prevista en septiembre de 2015 y forzó la salida de Benjumea como presidente. Anteriormente, Mac-Crohon fue directivo en Allfunds Bank, que estuvo participado también por el Santander, banco que además de acreedor es accionista de Abengoa, y quien avaló a Gonzalo Urquijo para la presidencia de la multinacional tras la salida de Benjumea.

Esa querella, que después fue ampliada a Deloitte como firma auditora de Abengoa , aún está en fase de instrucción y a resultas de ello el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado el registro de la sede de la compañía, radicada en el campus tecnológico de Palmas Altas, en Sevilla. Fuentes jurídicas se han mostrado sosprendido de un registro cinco años después de la interposición de una querella criminal. «Son medidas en diligencias penales que se adoptan para evitar la destrucción de pruebas. Hubiera sido lógico hacer el registro en 2015 o 2016, pero no cinco años después», añaden las mismas fuentes.

El registro de la sede de Abengoa coinciden con el inicio de la investigación por parte del Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla de la querella que Inversión Corporativa, presidida por Felipe Benjumea, presentó en la Audiencia Nacional contra el consejo de administración de la multinacional por el segundo rescate financiero y el vaciamiento de activos de la matriz. La querella de Inversión Corportativa se interpuso contra el expresidente Gonzalo Urquijo y sus consejeros, entre ellos, Josep Piqué.

Inversión Corporativa (IC) acusó a ese consejo de alterar y ocultar al mercado información económica de una empresa que cotiza en Bolsa, comentiendo así un delito societario al negarle información a los accionistas. Asimismo, la sociedad que preside Benjumea entiende que hay indicios de un delito societario porque el consejo impuso presuntamente acuerdos lesivos para la sociedad y los socios minoritarios. «Con esas actuaciones se habría alterado el valor de la cotización de las acciones de Abengoa», dice IC, que ve también indicios de delito en el consejo por «despatrimonializar la compañía en favor de los acreedores financieros, perjudicando con ello a Abengoa, a los accionistas y a los pequeños ahorradores».

La Plataforma de Accionistas Afectados por Abengoa se querelló también contra Felipe Benjumea por administración desleal , acusándole de cobrar indebidamente una indemnización de 11,4 millones, pero finalmente l a Audiencia los absolvió considerando que la indemnización era conforme a Ley . En septiembre se marchó Benjumea de Abengoa tras haber intentando infructuosamente sacar adelante una ampliacion de capital y en noviembre la multinacional solicitó el preconcurso de acreedores.